El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete llamó a indagatoria a 18 militares denunciados en el marco de la causa en que se investigan las torturas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas argentinas contra soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas. La convocatoria del magistrado se produce a once años de iniciada la causa y a 36 de la finalización del conflicto bélico, pese a que se trata de hechos pasibles de ser tipificados como crímenes de lesa humanidad. “Estamos resolviendo la asignatura pendiente de saber la verdad de lo que pasó en Malvinas”, reflexionó Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata, organismo querellante en la causa.

Calvete realizó la convocatoria luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia determinara que la investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos contra los soldados conscriptos durante la guerra en 1982 debe continuar al rechazar los pedidos de prescripción. La indagatoria había sido pedida en mayo pasado por el Fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, a la que adhirió el CECIM La Plata. De esta forma, 18 de los 95 militares denunciados darán explicaciones ante la Justicia Federal.

Los militares que Calvete citó a dar explicaciones son: Miguel Ángel Garde; Belisario Gustavo Affranchino Rumi; Eduardo Luis Gassino; Jorge Oscar Ferrante; Emilio José Samyn Duco; Jorge Guillermo Díaz; Luis Alfredo Manzur; Raúl Antonio Linares; Pablo Emilio Hernández; Claudio Tamareu; Jorge Arnaldo Romano; Ramón Eduardo Caro; Sergio Alberto Guevara; Oscar Luis Contreras; Francisco Gabriel Rivero; Oscar Albarracín; Ramón Desiderio Leyva y Gustavo Adolfo Calderini.

“Después de 11 años de iniciada la causa es el primer llamado a indagatoria. Hemos revertido un proceso de años en los que la justicia retrasó todo el proceso de investigación”, explicó Alonso. Y resumió: “Dimos vuelta la taba: a partir de ahora vamos a caminar hacia el juicio oral. Estamos resolviendo la asignatura pendiente de saber la verdad de lo que pasó en Malvinas”.

Los abogados del CECIM, Laurentina Alonso y Jerónimo Guerrero Iraola consideraron el llamado a indagatoria “un punto de inflexión” logrado gracias a la perseverancia de las víctimas en la búsqueda de justicia.

También leer: Ex combatientes denuncian amenazas de acusados por torturas en Malvinas

Alonso, en tanto lo consideró incluso un episodio judicial contracíclico: “ocurre cuando hay un retroceso en los juicios, y es producto de la insistencia y la consistencia que tiene la causa en la fundamentación de los hechos, y es el producto de la desclasificación de los archivos secretos en 2015, que permitió dar vuelta el ocultamiento”.

Sobre los militares pesan un centenar de denuncias de casos de violaciones a los derechos humanos. En el expediente declararon 120 soldados, como víctimas o como testigos, de las torturas inflingidas en el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que integraban cinco compañías militares.

Las denuncias apuntan a torturas como los estaqueamientos, picana y enterramientos en la turba durante un tiempo. Al pedir la indagatotria, el fiscal Rapoport consignó que los militares sancionaban con esa torturas faltas como robar comida o dormirse en la guardia. Al inicio de la causa se denunciaron 105 casos de torturas de soldados y unos ochenta hechos delictivos cometidos por noventa militares de las Fuerzas Armadas a los que acusaron por por homicidios, abandono seguido de muerte, tortura, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad.