Una causa del macrismo contra Echegaray pone en riesgo la relación con China

El ingreso con exención impositiva diplomática de un auto para la oficina comercial de Taiwán, una práctica común desde los años ‘90, obligó a exponer documentos secretos. Irregularidades de la causa.

(Foto: Télam)
24 de mayo de 2020

El juicio oral contra el extitular de la Afip Ricardo Echegaray por presunto “contrabando agravado” de un automóvil destinado a Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en la Argentina amenaza con terminar en un conflicto diplomático con el gobierno de China por una caprichosa decisión del gobierno de Mauricio Macri.

Echegaray está siendo juzgado por haber autorizado la entrada al país de un automóvil de alta gama para la utilización por parte de la oficina taiwanesa con las exenciones impositivas propias de una legación diplomática. Pero la Argentina no reconoce a Taiwán como una nación independiente y desde 1972 abona a lo largo de los gobiernos democráticos y las dictaduras la política de “una sola China”.

El martes pasado, vía Zoom, se reanudó el juicio oral, interrumpido por la pandemia, con la declaración como testigo del ex vicecanciller del menemismo Fernando Petrella. La exposición fue reservada, porque giró en torno a una serie de documentos secretos firmados a mediados de los ‘90 por Petrella, por el exrecaudador Carlos Tacchi y por el exministro de Economía Domingo Cavallo.

Esos papeles secretos muestran que todos los automóviles ingresados para uso de la oficina de Taiwán tuvieron siempre los mismos beneficios impositivos que los vehículos diplomáticos. Pero el gobierno de Cambiemos eligió denunciar esa supuesta irregularidad (en realidad, “un gesto político pragmático y discrecional del gobierno argentino hacia Taiwán”, según los documentos) sólo en el caso de Echegaray.

Así, lo secreto dejó de serlo. Los documentos están en el expediente, la tácita aceptación diplomática china de la dualidad quedó expuesta y el afán de la anterior administración por meter preso a Echegaray colocó al país al borde del conflicto con uno de sus principales socios comerciales en el mundo.

Petrella reconoció toda la documentación que le fue exhibida. Admitió que el trato especial con Taiwán viene de antigua data y que lo que hizo Echegaray es lo mismo que hicieron sus antecesores cada vez que la oficina comercial de Taipei pidió ingresar con franquicia diplomática automóviles, mobiliario, computadoras y teléfonos.

Echegaray está acusado (y embargado por 5 millones de pesos, con amenaza de “disponerse su prisión preventiva y ordenarse su captura”, prohibición de salida del país y obligación de presentarse en tribunales cada 15 días) en un coletazo de una vieja causa por el ingreso de autos con franquicias diplomáticas que luego eran vendidos en el mercado local. El expediente fue conocido mediáticamente como “los autos truchos”. Esa causa se inició en 2008 y el denunciante fue… Echegaray.

Pero el de Taiwán no fue un auto trucho. El que ingresó durante el menemismo fue utilizado durante casi una década por la oficina comercial; ese vehículo fue reemplazado por otro similar pero 0 km en 2006, y nuevamente permaneció bajo el dominio y uso de los taiwaneses. Cuando de nuevo intentaron renovarlo ya durante el gobierno de Macri, la Aduana dijo “no” y denunció a Echegaray.

Le atribuyó “presuntas desnaturalizaciones del régimen de franquicias tributarias diplomáticas, concedidas y utilizadas para importar automóviles. Se presume que diversos rodados de origen extranjero ingresados al país al amparo de esas prerrogativas no habrían sido destinados al uso de los beneficiarios sino que, por el contrario, habrían sido importados y nacionalizados libres de gravámenes para ser comercializados en el país”.

Eso, claramente, no ocurrió con el auto por el que está acusado Echegaray, un Mercedes Benz tipo Sedan, Modelo E 350, año 2006. Del expediente surge que “estuvo siendo utilizado (por representación taiwanesa) por espacio de diez años, y recién fue comercializado en el país en el año 2017, a partir de su venta por licitación oficial por parte de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei (Taiwán)”.

La tramitación de la causa fue tan irregular que Echegaray se enteró de su llamado a prestar indagatoria y prohibición de salida del país por el portal de Internet Infobae. Sus abogados, León Arslanián y Martín Arias Duval, advertidos por esa singular “notificación”, se presentaron ante el juzgado Penal Económico a cargo de Diego Amarante. Pero no pudieron tener acceso al expediente, ni se les permitió aceptar el cargo de defensores por razones formales. Mientras los defensores del imputado desconocían los términos de la indagatoria, el escrito íntegro fue publicado en la página de Internet del Centro de Información Judicial (CIJ), que normalmente publica fallos y no llamados a indagatoria.

Echegaray está en juicio por un delito que prevé hasta diez años de cárcel por una decisión de política internacional que sobrevivió a todos los gobiernos desde mitad de los ‘90 hasta Macri. El juicio oral que está entrando en su etapa de definición pone en riesgo el “sumo interés de resguardar la relación sólidamente estructurada con la República Popular China, por la importancia significativa que tiene como potencia regional decisiva en el área del Asia-Pacífico y por su papel destacado como miembro permanente del Consejo de seguridad de la ONU”.

Tanto es así que esos documentos reservados explican que el “gesto” hacia Taiwán “en modo alguno debe ser interpretado como una modificación de la política exterior argentina de reconocimiento de la existencia de una sola China”.



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