Está dicho, Estados Unidos y China se están enfrentando, mantienen competencia creciente y un gran conflicto sobre el control de las palancas modernas del poder: reglas e instituciones globales, estándares, comercio y tecnología. Precisamente, la capacidad de crear nuevas tecnologías se convirtió en una clave de la relación entre ambos, que incluye una profunda desconfianza mutua. Tener capacidades para innovar constituye una fuente de poder nacional y, en la era digital, la seguridad y el poder nacional tienen diferentes requisitos conformados por el cambio tecnológico y el ciberespacio. De allí que la innovación se haya convertido en un elemento central de su influencia internacional.

«Barcelona’s affaire»

En el sector de las telecomunicaciones, el evento más importante del calendario anual es el Mobile World Congress (MWC), organizado por la Global System for Mobile Communications Association (GSM), que fue creada en 1982 para promover su propio estándar. El Congreso de 2019 fue en Barcelona, en un momento en el cual el gigante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei está padeciendo un feroz embate global de parte de la administración Trump. La intensidad de la presión ejercida por los grupos enviados desde Washington fue mayúscula. El Financial Times publicó que el MWC se convirtió en un «referéndum sobre Huawei», y otros directamente lo llamaron «la batalla de Barcelona». En público, los estadounidenses sostienen que ejercen presión para frenar el avance comercial de Huawei, pero la cuestión es más profunda e involucra a varios actores.

Cuando la reunión se lanzó en 1987, la Unión Europea estableció –apoyada en las empresas Ericsson y Nokia– que sus Estados miembros tenían que adoptar el formato GSM, lo que derivó en que la reunión se llamara «Congreso Mundial GSM». Esto ayudó a GSM a convertirse en el formato dominante para hacer llamadas de voz y controlar gran parte de ese mercado, cuando los teléfonos eran para realizar ese tipo de llamadas o enviar mensajes de texto, cerrando el mercado a alternativas como Code Division Multiple Access (CDMA), desarrollado por Qualcomm de EE UU. Según su fundador Irwin Jacobs, la CDMA es una forma superior de transmisión de datos digitales: es la tecnología inalámbrica que usan los militares de EE UU porque les resulta más segura.

Ya en la era del 3G y 4G, el apoyo de China a la tecnología estadounidense inclinó la balanza hacia CDMA, contribuyendo a que se convirtiera en el estándar dominante. De ahí el cambio de marca al MWC y la eliminación de «GSM» del nombre original del evento. Hasta aquí, los unicornios chinos estaban ausentes y sólo eran tomadores de tecnología.

Fuentes chinas informan que el apoyo de su país a la norma CDMA se produjo a cambio del respaldo de Washington a la entrada de China en la OMC en 2001. En un movimiento de quid-pro-quo, los chinos dijeron estar dispuestos a emplear CDMA en su sector de telecomunicaciones, lo que ayudó a Qualcomm a transformarse en una potencia tecnológica. En 2000, las máximas autoridades de esa empresa se reunieron con el primer ministro chino Zhu Rongji. Luego, China Unicom anunció que construiría una red CDMA para 10 millones de sus clientes, utilizando la tecnología de Qualcomm. Con ese impulso, el fabricante de chips contribuyó a la redacción de los estándares para los servicios móviles de próxima generación. Esa relación es el dato para destacar, pues de su despliegue sobre el mercado chino Trump asienta gran parte de su resquemor político y económico, sustentando su «America First» en detrimento de la producción foránea.

La historia continúa en 2015, cuando la estadounidense Qualcomm fue multada en China por aprovecharse del cuasi monopolio que disfrutaba, lo que derivó en un acuerdo para bajar sus precios a clientes chinos y en una promesa de cambiar una parte mayor de su fabricación de alta tecnología a socios locales. O sea, realizar transferencia de tecnología. En agosto pasado The New York Times cuestionó si tales concesiones significaban que Qualcomm estaba atentando contra de los intereses de EE UU, su país de origen, debido a que su performance empresarial era más dependiente de los ingresos provenientes del mercado chino. De hecho, Qualcomm tiene contratos del gobierno y del sistema de defensa en EE UU, pero la mayoría de sus ventas las realiza en China.

Con estos antecedentes, llegamos al evento de Barcelona, donde junto a Huawei se encontraba una delegación de funcionarios estadounidenses, que fue enviada para persuadir a las empresas de telecomunicaciones y gobiernos a que dejaran de lado al gigante chino de sus planes 5G, por razones que respondían –según argumentaron– a cuestiones de «seguridad nacional».

En las redes 4G, los datos normalmente fluyen a través de un núcleo central. Pero en las 5G, se canalizan entre múltiples puntos de manera que sea más difícil detectar las debilidades. De allí la reciente advertencia del secretario de Estado, Mike Pompeo, a las economías europeas: las que no bloqueasen la infraestructura de Huawei 5G, podrían correr el riesgo de ser expulsadas del círculo de confianza estadounidense. O, en otras palabras, si un país adopta la tecnología de Huawei y la coloca en sus sistemas de información crítica, no podrá compartir información con EE UU porque esta actitud pondría en riesgo la información estadounidense. En virtud de esta situación, se pidió a los aliados europeos que no hagan tratos con firmas chinas, las cuales podrían verse obligadas a entregar datos al Partido Comunista, pues la propia Ley de Inteligencia Nacional de China así lo dispondría: las empresas chinas deben cooperar con Beijing para compartir datos en casos de seguridad nacional.

Vivir y dejar morir

En noviembre de 2017, Broadcom –en los papeles, de Singapur–, presentó una oferta no solicitada de U$S 103 mil millones por la mencionada Qualcomm, pero fracasaron todos los intentos. El rechazo de los dueños de Qualcomm obedeció a una intervención directa del gobierno de EE UU: su Comité de Inversiones Extranjera (CFIUS), que supervisa las fusiones y adquisiciones transfronterizas, expresó «preocupaciones de seguridad nacional» en torno a la fusión propuesta. Si bien la oferta se prolongó durante meses, el desistimiento de Broadcom llegó tras la orden ejecutiva del presidente Trump que les impidió comprar Qualcomm. Así, en un caso sin precedentes, el presidente frenó la mayor toma de control tecnológico de la historia.

El CFIUS advirtió que la adquisición socavaría la capacidad de Qualcomm para configurar los estándares mundiales para 5G, dejando así una hendija para que las empresas chinas promuevan sus propios formatos. Se trató de obturar toda posibilidad de que China y sus empresas progresen en segmentos de alta tecnología, espacios en los cuales los capitales estadounidenses son desafiados por primera vez desde que sus empresas establecieron los estándares y configuraron los formatos para el funcionamiento del mercado de tecnologías de avanzada en el sector de telecomunicaciones.

El organismo de control evaluó a Huawei –estandarte chino en equipos de telecomunicaciones, teléfonos inteligentes, computación en la nube y ciberseguridad–, como una amenaza en caso de que Qualcomm fuese absorbida por la entidad de Singapur que, en términos norteamericanos, funge como un brazo de empresas chinas. La principal preocupación parece haber sido que Qualcomm podría perder terreno ante Huawei en la carrera por establecer nuevos estándares. El conocimiento extendido en Washington parece ser que Huawei «es» el Estado chino, o como mínimo una extensión de la gestión global del Estado chino en ámbitos high-tech. Por eso, cualquier intento de controlar la esfera 5G por parte de esa empresa china pondría en peligro la seguridad de las comunicaciones de los EE UU.

Para cuando Apple y sus iPhone («Pensado en California. Hecho en China») definieron la revolución de los teléfonos inteligentes, los dispositivos inalámbricos de todo el mundo dependían de los chips de la mencionada Qualcomm o de sus patentes, pero con la era 5G a la vuelta de la esquina, las empresas de origen chino pasan a ser «no confiables». Hoy Huawei y Qualcomm han configurado un duopolio en la carrera por el establecimiento de estándares 5G. Los procesadores de quinta generación servirán para la construcción de nuevas redes de dispositivos conectados a través de la llamada Internet de las cosas, así también como base para tecnologías emergentes que incluyen los vehículos de auto-conducción y la transmisión de realidad virtual. Qualcomm se ha beneficiado de la propiedad de patentes que sirvieron de base para las tecnologías 3G y 4G, y también posee más patentes 5G que cualquier otra compañía. Pero la carrera para controlar la propiedad intelectual que sustenta los años de innovación en el formato 5G continúa con Huawei, cuya carta de triunfo es el potencial de ventas del mercado chino.

De EE UU con amor

La alianza «FiveEyes» se originó entre cinco naciones de habla inglesa, en un pacto de intercambio de información de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo es vincular las agencias de seguridad de los EE UU, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Frente a los intentos estadounidenses para que sus «socios» desistan de usar tecnología de Huawei, Australia fue el primero en alinearse y Nueva Zelanda aún aparece indeciso, pues si bien su agencia de espionaje prohibió a la firma de telecomunicaciones Spark usar equipos Huawei 5G, se confirmó que no excluyó a Huawei para que participe en el desarrollo de la red 5G nacional.

Canadá se encuentra en la posición más difícil después de la detención del Oficial Principal de Finanzas de Huawei, Meng Wanzhou, hija del fundador Ren Zhengfei, cuyo trámite de extradición a los EE UU sigue avanzando. Varios analistas plantearon que Canadá se ha transformado en una suerte de herramienta estadounidense, por lo que le llovieron tanto críticas como represalias chinas vía la detención de canadienses en su territorio, acusados hasta de espionaje. En contrapartida, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido determinó que «hay formas de limitar los riesgos del uso de Huawei en el futuro 5G».

En síntesis, si bien la alianza siempre aceptó la opinión de Washington, algunos ahora se animan a adoptar posiciones diferentes. Hay antecedentes que demuestran que el Reino Unido (con tradición de diplomacia independiente) y otros países de la Commonwealth carecen de una agenda en común: cuando se planea la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), Washington instó a pensar dos veces la posibilidad de unirse al proyecto chino, que recibió un gran impulso cuando Londres optó por sumarse. Con este antecedente, no parece que surja un seguidismo a ciegas.

Ocurre que la firma china tiene y dirige un laboratorio en el Reino Unido, donde profesionales de la Sede de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) pueden examinar sus equipos. Los operadores de telecomunicaciones expresaron su preocupación por excluir a Huawei por completo, pues eso significaría retrasos y dinero. Gran parte de la infraestructura 4G de Gran Bretaña fue construida por Huawei y es más rentable colocar sus soluciones 5G sobre las redes existentes que empezar de cero. Una prohibición no solamente oscurecería las relaciones entre el británicos y chinos, sino que haría que el mundo post Brexit tuviera aun más dificultades.

En Francia se propuso (y aún se está evaluando) una enmienda legislativa para reforzar los controles de los equipos de telecomunicaciones desplegados en las redes centrales. Por su parte, el gobierno de Alemania también ha decidido enmendar sus leyes de telecomunicaciones para exigir que los proveedores compartan códigos fuente, además de brindar garantías de que no compartirán información con otros gobiernos.

En respuesta, Huawei insiste en que sus críticos han malinterpretado la ley china y, para probarlo, abrió un laboratorio en Bonn en noviembre de 2018, donde puso a disposición de los reguladores de telecomunicaciones todo su lenguaje de programación para la red. Un ministro alemán manifestó que no había un plazo para decidir cómo tratar los contratos con Huawei, debilitando de esta forma el argumento de Washington. Los medios alemanes recordaron que, en la medida en que les convenga, las autoridades estadounidenses han estado dispuestas a comprometer la seguridad de la información. En Deutsche Welle puede leerse que «las publicaciones del denunciante Edward Snowden mostraron que los empleados de inteligencia de EE UU habían obtenido acceso a datos confidenciales de las empresas a través de puertas traseras de software, es decir, habían hecho exactamente lo mismo por lo que Washington está acusando a China». Más aun, el actual presidente de Huawei, Guo Ping, afirmó que la ley federal de los EE UU obliga a sus empresas a dar a su gobierno acceso a los datos almacenados en los servidores. ¿Alguna diferencia con la ley china?

La respuesta norteamericana fue que sus esfuerzos de espionaje, que incluyeron intervenir el teléfono de Merkel, recopilaron información «por motivos de seguridad», pero no tenían como objetivo dar a sus empresas nacionales una ventaja competitiva. Deutsche Welle dice que en última instancia es «una cuestión de en qué sistema político crees y en quién confías». Si bien China no es uno de los aliados de Alemania, nadie es ingenuo: las eventuales sanciones a Huawei podrían provocar represalias contra empresas alemanas en China o los exportadores del país. Para prueba alcanzan los ciudadanos canadienses presos.

Una prohibición total de los componentes de Huawei utilizados en la infraestructura de telecomunicaciones de Alemania sería casi imposible, y excluir a la firma china de la ampliación de 5G también podría ser un retraso de años en la preparación de los sistemas de nueva generación. En definitiva, los actores del sector con origen en las economías más avanzadas, de consumo con quienes gestionan el Estado y tienen responsabilidades políticas, parece que se darán más opciones antes de definir qué dirección seguir. El gobierno alemán decidió modificar su ley de telecomunicaciones («acuerdo de no espionaje»), y a su manera Francia y Gran Bretaña están tomando decisiones en ese sentido. Más importante, los proveedores deben compartir los códigos fuente, lo que permite la certificación después de una búsqueda de vulnerabilidades y oscuras puertas traseras. «