En los sótanos se abrió un ventiluz. La auditoría ordenada por la flamante intervención de la AFI reveló que el estado de situación del sistema de inteligencia argentino es peor de lo que se sospechaba. El macrismo sumó capas a la mugre que se acumuló durante décadas: sobrecarga de empleados sin formación ni tareas definidas, despilfarro de recursos secretos y vaciamiento de programas esenciales para la seguridad nacional.

La limpieza comenzará con el despido de unos 500 empleados incorporados a planta permanente durante los últimos meses del mandato macrista. En esa lista hay de todo: custodios de futbolistas, personal de empresas de primera línea, corredores de seguros, exintegrantes de fuerzas de seguridad y empleados del sistema financiero. El 60% de los agentes en funciones fueron incorporados por la dupla Gustavo Arribas-Silvia Majdalani, jefe y subjefa del espionaje macrista. Según detectó la auditoría, la mayor parte llegó desde el sector privado, sin paso por la Escuela Nacional de Inteligencia.

La deficiente conformación del staff tuvo efectos sobre las tareas. La superpoblación en el área de administración contrasta con el virtual desmantelamiento de la dirección de ciberterrorismo, una dependencia vital en la era de las acechanzas digitales.

La restitución de los gastos reservados, dispuesta por Mauricio Macri en el origen de su gestión, derivó en sospechosos despilfarros. Un ejemplo: antes de abandonar el cargo, un directivo dispuso la compra de resmas de papel para cinco años.

La opacidad en el uso del copioso presupuesto -unos 9 mil millones de pesos en 2019- incluye la liquidación de los salarios: las remuneraciones se entregan en efectivo y en sobres. ¿Serán los mismos que se distribuían para ejecutar operaciones judiciales y mediáticas? La búsqueda de «precausas» y la auditoría sobre las operaciones ejecutadas desde la ex SIDE está en desarrollo.

Superada la etapa del diagnóstico, la intervención se dispone a cortar tres insumos esenciales del espionaje cloacal: la opacidad financiera -todos los gastos deberán rendirse al detalle y los salarios serán bancarizados-, el acceso a las escuchas telefónicas – se le pedirá a los jueces que se abstengan de solicitar que el organismo realice las transcripciones- y la participación de los agentes en pesquisas que no estén relacionadas con terrorismo, contrabando o lavado de activos.

El objetivo de la intervención es restringir la participación de los espías en investigaciones criminales, de modo de reducir las tentaciones económicas de los agentes, cortar el cable que une a la ex Side con los tribunales  y concentrar los esfuerzos en la inteligencia estratégica, una tarea indispensable en un mundo que salta de convulsión en convulsión. «