En la madrugada del 1º de enero, Matías Orellana participaba con un grupo de amigos de las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera que tenían lugar en la plaza Aníbal Pinto, en el centro de Valparaíso, cuando efectivos de Carabineros de Chile empezaron a disparar balas de goma y gases lacrimógenos. “Desde que comenzó el estallido social el 18 de octubre del año pasado, estuve varias veces muy cerca de recibir algún impacto de los balines de los pacos –cuenta el joven docente de 26 años desde su casa en Viña del Mar-. Cuando terminaban las marchas, impresionaba ver el piso repleto de cartuchos.” Esa noche de Año Nuevo, Orellana no pudo escapar de las balas de la represión. Cuenta que vio un fogonazo y después sintió el impacto: “Me dio de lleno en la cara una lacrimógena. Tuve 20 fracturas en el rostro. Me reventó el ojo derecho, pérdida total, me lo tuvieron que sacar.”

Cegar por protestar. Esa es la oscura realidad que se vive en Chile. Según los guarismos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 465 personas sufrieron traumas oculares durante los seis meses que duró el estallido social contra el gobierno neoliberal trasandino, hasta que la pandemia puso en forzada pausa las movilizaciones. “Somos más. Muchos compañeros heridos no fueron a los hospitales ni hicieron la denuncia porque tienen miedo de ser detenidos”, asegura Orellana. El profesor de educación física cuenta que fue operado de urgencia en Valparaíso y luego, cuando tuvo que encarar el tratamiento de reconstrucción ocular, sufrió otra vez en carne propia la violencia estatal: “El abandono total de las víctimas. Pasaron meses y no pude terminar el tratamiento, sigo con los puntos. El gobierno pone la excusa de la pandemia. El único hospital público para atender los traumas está en Santiago. Desde mi región me gastaba 40 dólares para llegar allá y hacer el tratamiento. El abandono es otra forma violencia.”

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Apuntar a la cara

“Siempre las represiones bajo gobiernos de derecha han sido brutales en Chile. Pero esta vez fue sadismo, buscaban cegar. Los carabineros apuntaron a los rostros desde la primera marcha”, dice Marta Valdés Recabarren, vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, una organización nacida a finales de 2019 para denunciar la violencia institucional ante los organismos de Derechos Humanos. También para reclamar asistencia médica. Edgardo Navarro Valdés, el hijo de 17 años de Marta, fue alcanzado por una lacrimógena en su ojo derecho, el 28 de octubre, durante una protesta cerca del Palacio de La Moneda, en la capital Santiago: “Es muy fuerte que te hiera quien te tiene que proteger. Es muy fuerte lo que significa una mutilación, la mayoría son muy jóvenes. Ese es el trauma. Mi hijo tuvo suerte y perdió sólo parte de la visión. Pero muchos compañeros perdieron el globo ocular o les quedó sólo un 10% de visión. Siguen muy complicados”, explica Valdés desde La Victoria, combativa población que fue retratada por Víctor Jara, donde cumple el aislamiento por la peste. Recuerda que Gustavo Gatica, de 21 años, y Fabiola Campillay, de 36, fueron las primeras dos víctimas que quedaron ciegas por las lesiones: “La represión nunca frenó, de la primera a la última marcha los carabineros apuntaron a la cara.”

La señora Valdés tuvo cinco familiares desaparecidos por la dictadura de Augusto Pinochet: “Siento que se repite la historia con mi hijito. Ver que el fascismo actúa de la misma forma. Que sigue la impunidad, las violaciones de los Derechos Humanos. La justicia no avanzó ni un solo paso con las denuncias que hemos hecho por las mutilaciones. Hay un pacto de silencio entre el Gobierno y Carabineros.”

A principio de julio, un artículo de la revista The Clinic denunciaba que sólo la mitad de las personas con estallido ocular habían recibido sus prótesis, en el marco de un programa de asistencia integral anunciado en diciembre por el ahora exministro de Salud Jaime Mañalich, quien renunció el mes pasado por la crisis que provocó en Chile la estampida del coronavirus, con 300 mil casos y más de 8000 muertos. “Fue un anuncio vacío, pura mentira. No sabemos de qué consta el programa, ni su contenido ni qué ofrece. El gobierno nunca se entrevistó con las víctimas. Hay compañeros que tuvieron que atenderse en clínicas privadas y les han llegado tremendas cuentas de gastos, no las pueden pagar”, dice Valdés. Agrega que la estatal Unidad de Tratamiento Ocular del Hospital del Salvador sólo cuenta con un psicólogo y un terapeuta ocupacional para atender a más de 400 pacientes. Con la pandemia, se cortó el servicio. Las víctimas agrupadas en la coordinadora presentaron hace varias semanas una carta, respaldada por decenas de organizaciones sociales, en la cual contaban sus penurias a las autoridades de Salud. No tuvieron respuesta.

El olvido del Estado es total. El docente Orellana agrega que “en Chile la regla es sencilla, si no tienes plata, no tienes ni educación, ni salud, ni justicia. El precio de los tratamientos de oftalmología es impresionante. Dólares y dólares por unas gotitas. Una locura, y el gobierno no ayuda.”

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(Foto: Xinhua)

Pandemia y represión

Gloria Moraga Henríquez vive en la ciudad de Chillán, una comuna de la zona central de la delgada geografía chilena, capital de la región de Ñuble. Se gana la vida como cocinera pero está cesante. Es defensora por los derechos del agua y de los pequeños agricultores. Fue alcanzada por los perdigones de Carabineros el 20 de octubre en una manifestación en la plaza central de Chillán: “Trataba de ayudar a un joven que arrastraban los pacos y sentí un impacto en mi cara, en la mejilla derecha. Recuerdo la sangre. Me reventó el ojo derecho”. De 60 años, dice que el gobierno de Piñera es una dictadura con careta de democracia: “Salimos a marchar y siempre hay represión, como en los años de Pinochet. La semana pasada tratamos de protestar por el abandono, la falta de trabajo y la crisis de salud por la pandemia. Seis compañeros fueron detenidos. A mí me gasearon y botaron al suelo de nuevo. Con la pandemia quedamos totalmente olvidadas las víctimas de trauma ocular”.

Valdés denuncia que Piñera aprovechó el contexto de la cuarentena para reforzar el poder policial y la represión: “Están los toques de queda, quieren sumar a los militares en las calles, vemos con mucha preocupación este escenario. Planifican más represión, en vez de ayudar a las víctimas. Con las mutilaciones, las violaciones, el terror, el gobierno busca sacarnos de las calles. Pero cuando pase la pandemia el pueblo volverá a salir. No nos va a ganar el miedo.” «