Violencia institucional: una muerte cada 19 horas durante el gobierno de Cambiemos

La cifra surge del relevamiento realizado por la Correpi y que forma parte de sus informes anuales. El reclamo por medidas urgentes para terminar con la llamada doctrina Chocobar.
(Foto: Gentileza: Laura Dalto - CORREPI)
15 de diciembre de 2019

La cifra es apabullante: durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos una persona fue asesinada cada 19 horas por represión estatal. Así lo indica en nuevo Informe Anual de la Situación Represiva elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional que se presentó el viernes en Plaza de Mayo junto a los familiares de las víctimas de la represión.

El relevamiento que se renueva en forma anual pone su eje en los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en 2019 y el sistema de represión que aplicó durante los cuatro años la gestión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich e indica que de las 7000 personas que fueron asesinadas por las fuerzas policiales “desde el fin de la dictadura cívico militar eclesiástica, el 26% murió en los últimos cuatro años” de la gestión de Cambiemos.

Las fotos, grandes, tienen caras sonrientes y cuelgan del cuello de mamás, papás, hermanas y hermanos, hijas e hijos, abuelas o abuelos. Esos rostros, en cambio, cargan una tristeza que es desesperante. Son todos familiares de las víctimas de gatillo fácil de la represión estatal que junto a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, Sergio Maldonado y agrupaciones militantes por justicia participaron de la presentación de la Correpi.

Entre ellos está Mónica Cutrera, la esposa de Damián. El 20 de septiembre volvían juntos de una reunión familiar. Cerca de un peaje, un auto se adelantó a gran velocidad y ante los bocinazos de Damián retrocedió en dos ocasiones para chocarlos. Damián se bajó del auto a pedir explicaciones pero recibió a cambio dos disparos que lo mataron.

“El prefecto hoy está libre por una fianza de 80 mil pesos”, cuenta Mónica. “Pidió el traslado a Santiago del Estero pero no se lo concedieron. En mayo es el juicio. Espero decirles a mis hijos de 10 y 6 años que hay justicia en la Argentina, que hasta ahora no se los puedo decir”, dice Mónica a Tiempo Argentino.

En el centro de la plaza y esperando el informe está el papá de Agustín Cruz, un adolescente de 17 años baleado por un policía de Tristán Suárez que lo culpó de intentar robarle la moto. No hay testigos. Nadie vio ningún intento de robo, sólo existe la declaración de Matías Ezequiel Rodríguez, el policía que mató a Agustín de dos tiros. “El primero lo dejó tirado en el piso y el otro fue en la nuca. A las 5.30 de la mañana, murió en el Hospital Santa María el 30 de diciembre de 2018”, relata entre lágrimas, su papá.

“El día 30 de enero mientras junto a Correpi y otras organizaciones homenajeábamos a Agustín en la plaza del barrio, se suicidó nuestro hijo Facundo, de 13 años con la foto de su hermano en la mano, y en su habitación. Ahora va a ser un año que no tenemos más a nuestros hijos”, agrega el hombre. El policía declaró recién once meses después del asesinato. “Él me vio en la fiscalía y se rió. No sabemos si sigue trabajando. Ante todo el abandono del Estado sólo esperamos que se haga justicia por Agu”.

Más tarde, ya desde el escenario, los familiares leyeron el documento que los reúne en el pedido de justicia y que fue elaborado a través de Correpi. Allí destacan que la gestión de Bullrich “premió a los efectivos” que protagonizaron casos de gatillo fácil.

“El gobierno que termina ha sido, sin dudas, el más represivo en los últimos 36 años. Día a día nos hemos encontrado en las calles, contra la explotación, la opresión y la represión, y vivimos, en carne propia, toda la avanzada contra nuestros derechos. La designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad en la provincia es un antecedente que nos preocupa”, sostuvieron los familiares.

Los cuatro años de la gestión de Macri encendieron una alerta en Correpi por las actitudes del gobierno entrante. 

“No hay dudas que cuando dijimos a mediados de 2017 que entrábamos en una etapa que podíamos calificar como un verdadero Estado de excepción no nos estábamos equivocando. Ahora hablamos de una muerte cada 19 horas es el promedio de los cuatro años”, dice a Tiempo, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la organización.

Verdú también se refirió a los dichos del presidente Alberto Fernández durante su discurso de asunción el martes 10 en el Senado. Fernández dijo que apostará a una “política de seguridad ciudadana” para “escapar de la lógica del gatillo fácil”.

“No es una cosa menor que hace tres días ante la Asamblea Legislativa, cuando juró el presidente Alberto Fernández haya reconocido que el gatillo fácil existe y es una política de Estado”, reconoce. “Es la primera vez que un presidente lo dice en un acto oficial como este y eso es mérito de estas compañeras y compañeros organizados que han sabido colocar el tema dentro de la agenda política”.

Las medidas urgentes que exige Correpi

El informe indica que Cambiemos deja más de 1800 personas asesinadas por el aparato represivo estatal en 1435 días de gobierno.

También arroja que uno de cada cinco femicidios es cometido a manos de las fuerzas de seguridad. Pero en una segunda parte, plantea las medidas urgentes e imprescindibles que la Correpi son necesarias tomar para frenar este avance de las fuerzas.

Exige que se eliminen el Registro de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo; los comandos unificados para la intervención de las fuerzas conjuntas federales y provinciales; los protocolos de “lógica bélica para la actuación de las fuerzas de seguridad en movilizaciones y las deportaciones “exprés” de inmigrantes, entre otras regulaciones".


Podés leer el informe completo acá.
 









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