Emilio Basavilbaso estaba sospechado por supuestas irregularidades en la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo.
Bonadio, además, liberó la operación, que estaba frenada desde hace casi un año. En efecto, el juez recordó que el 19 de abril del pasado año “se dispuso, como medida precautoria para liberar el curso del trámite de fusión de Petrobras
Argentina S.A. por Pampa Energía S.A., ordenar a los responsables de ésta última la colocación en cautela y custodia del Tribunal de la suma de 20 millones de dólares, manda que fue cumplida por la referida firma”.
Pero al sobreseer a los imputados, “corresponde disponer el levantamiento de la medida precautoria”.
El sobreseimiento, que incluye a otros imputados, aclara expresamente que el hecho reprochado es “atípico” (no tipificado como delito en el Código Penal) y que la sustanciación de la investigación “en nada afectan el buen nombre y honor del que gozaran”.
La denuncia había sido realizada por el diputado opositor Rodolfo Tahilade (Unidad Ciudadana) a raíz de una serie de operaciones que consistían, básicamente, en la “suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,125% por 150 millones de dólares emitidos por la Provincia de Córdoba, con vencimiento en el año 2026 y garantizados con recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos”.
A ello se sumó “la venta del paquete accionario de INDUPA y del paquete accionario de PETROBRAS ARGENTINA –PESA-, de titularidad del Fondo a un precio sensiblemente inferior o por debajo de los valores promedio de mercado. Y finalmente la adjudicación al fondo, de Obligaciones Negociables emitidas por Pampa Energía S.A. por un monto de 15 millones de dólares a diez años, con un rendimiento nominal anual del 7,625%, contrayendo una deuda con cierto nivel de riesgo financiero”.
En el caso concreto de las ventas de Petrobras, las acciones salieron del Fondo de Garantías con un valor algo superior a los diez pesos y poco después superaron los 17.
Sin embargo, el juez Bonadio entendió que ello no había significado menoscabo alguno para el patrimonio del Fondo, ni –en consecuencia- un perjuicio para jubilados y pensionados.
“La decisión adoptada por las autoridades del fondo no causó el perjuicio en su erario, tal como lo afirman los denunciantes”, expresó el juez.
“Del profuso análisis efectuado, sobre la base de los elementos probatorios adunados a las actuaciones, no se advierte que en el marco de la OPA (oferta pública de acciones) lanzada por Pampa Energía para la adquisición de las acciones ordinarias de PESA, los funcionarios del fondo hubiesen malvendido las acciones de PESA que el órgano poseía en su cartera, ni que dicha venta hubiese ocasionado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional”, añadió.
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