La vicepresidenta define su rol de querellante. Busca un nuevo penalista y por ahora confía en la jueza y el fiscal. La causa suma información sobre Revolución Federal y cuatro de sus subgrupos.
Un funcionario del área de Justicia contactó a uno de los más importantes penalistas de la Argentina para “formar un equipo”. Allí surgió el apellido de otro abogado que por estos días estará muy ocupado en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.
“Cristina será querellante; estamos definiendo cómo”. La vicepresidenta mantiene un voto de confianza hacia la jueza María Eugenia Capuchetti y también al fiscal Carlos Rívolo. Pero no quiere demonizar a la Policía Federal, a la que pertenecen sus custodios. Allí se está definiendo cómo sigue su intervención en el expediente.
Entretanto, un hilo conductor que parte de Fernando Sabag Montiel llega hasta el soporte ideológico y económico de fuerzas de ultraderecha que, acaso de manera mesiánica, resolvieron pasar a la acción. En ese recorrido aparecen escritores, intelectuales y dirigentes políticos con una empatía común: la odian a Cristina.
Los caminos, más tarde o más temprano, llegan a Francisco Sánchez, el diputado del PRO que pidió la pena de muerte para la vicepresidenta, y a Patricia Bullrich. Antes, hacen escala en Alberto Assef. Y un link con una organización alemana que llega hasta la periferia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
En Comodoro Py se insinúan dos preguntas: 1-¿El atentado contra CFK fue planificado por una suerte de nueva Triple A en formación? 2 -¿No la mataron porque no quisieron, al menos todavía?
La detenida Brenda Uliarte (cuyo vínculo afectivo con Sabag Montiel podría no ser real sino parte de la organización del ataque) participaba en las redes sociales en organizaciones como Revolución Federal –que en agosto pasado arrojó pirotecnia y huevos contra la Casa Rosada- con el nombre de “_ambareliza”.
Revolución Federal tiene al menos cuatro subgrupos: «Basta», «Libertad», «Los herederos de Milei» y «Nación de Despojados».
Este último, considerado por los investigadores como el más virulento, posteó en sus redes sociales -ahora prácticamente inactivas- videos tomados desde los techos del edificio en el que vive Cristina Kirchner. ¿Cómo accedieron allí militantes de una organización que difunde panfletos que rezan «es momento de erradicar al cáncer kirchnerista de nuestra nación. Los sumisos decidimos despertar y organizarnos. ¡Sumate!”?
Los comentarios a ese posteo también llaman a la acción: «Habría que primero organizar un grupo de protesta enorme dispuesto a presentar batalla campal en defenza (sic) de la patria, total la primera piña siempre la tiran los golpistas de La Cámpora”. “Es la hora. Basta de dar vergüenza y lástima a esta mafia con esas marchitas pacíficas y cobardes”. Todo fue publicado apenas días antes del ataque a la vicepresidenta.
Detrás del ataque, creen los investigadores, hay una organización, una logística y un financiamiento. En los posteos, una seguidora de Nación de Despojados muestra una actividad intensa, en la que –por ejemplo- reproduce la convocatoria al plenario de delegados de UNIR, el partido del diputado Alberto Assef, quien arrancó junto a José Luis Espert y luego se fue con Mauricio Macri en las elecciones de 2019. La cara de Patricia Bullrich promociona el encuentro del 6 de septiembre pasado, en el aniversario del primer golpe de Estado en la Argentina, en 1930. El sitio cuenta con presencia de dos escritores, Agustín Laje y Nicolás Márquez, ambos posando con un afiche de la protesta del 18 de agosto (#18A) del que participó Brenda Uliarte.
¿Existe algún vínculo con organizaciones del pensamiento de ultraderecha para el financiamiento de acciones en territorio? La mirada está depositada en una empresa de economía venturosa dedicada al call center, un autodenominado “foro patriótico” (que planea una “escuela de formación” y vínculos con entidades afines latinoamericanas y pide una colaboración mensual de entre 25 y 50 dólares a sus seguidores) y una fundación del estilo de las que suelen tener casi todos los referentes importantes del PRO, que cuenta con soporte económico de otra fundación con sede central en Munich y relación en Brasil con un hijo de Bolsonaro. La sede argentina de esa fundación alemana está ubicada a 200 metros del departamento de CFK.
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