El gobierno analiza recurrir a la ANSES para compensar la quita a las provincias

Cuando el gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial el decreto 756/2018 para eliminar el Fondo Federal Solidario (FoFeSo), los gobernadores ya habían sido avisados. Pero fue sólo 24 horas antes, mediante una ronda de llamados telefónicos donde algunos miembros del Gabinete se encargaron de anticiparles a los caciques provinciales que el recorte de ese fondo, previsto para 2019, se había adelantado para ese mismo momento. Cada telefonazo despertó bronca, incertidumbre y pedidos de reuniones urgentes por parte de los mandatarios, ante el adelantamiento de un tijeretazo que impacta directamente en el desarrollo de obras públicas municipales para lo que resta del año, a lo largo de todo el territorio nacional: posiblemente uno de los pocos sostenes de empleo en medio del ciclo recesivo al que algunos economistas le pronostican una caída  de puestos de trabajo sostenida durante los próximos 9 meses, y los más optimistas, durante un semestre.

Para contener el nuevo frente de cuestionamientos, el gobierno analiza aliviar la eliminación anticipada del FoFeSo con un esquema de compensación con dinero proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que desde 2016 comenzó a devolverles a todas las provincias el 15% de coparticipación que la Nación les retenía desde 1992 para financiar parte del sistema jubilatorio. Esa medida fue cuestionada judicialmente por San Luis, Santa Fe y Córdoba. La Corte Suprema les dio la razón y declaró inconstitucional esa retención, con un fallo publicado a escasas 48 horas del triunfo de Cambiemos en el balotaje presidencial. La decisión del máximo tribunal obligó a la nueva administración a pactar la devolución de esos fondos con todas las provincias para evitar un efecto cascada. Lo hizo mediante un giro inicial de 37 mil millones  y una restitución progresiva de tres puntos por año y otros seis puntos mediante un prestamo de la ANSES, hasta llegar a 85.922 millones para repartir en 2020.

Fuentes del equipo económico que coordina el ministro Nicolás Dujovne confirmaron a Tiempo que el gobierno buscará elevar un punto los préstamos de la ANSES en marcha (tomados del FGS), más giros de fondos en efectivo y un bono compensador, como parte de un posible aumento de la coparticipación federal.

La estrategia Vidal

El paliativo forma parte de una estrategia mucho más agresiva por parte de Cambiemos: eliminar los fondos federales que asistan el desarrollo de obras muncipales, y obligar a las provincias a financiar ese bache de ahora en adelante, con tal de contener las consecuencias políticas, que por estas horas forman parte de la incertidumbre de intendentes muncipales y sus gobernadores, a quienes les reclaman algún salvoconducto para evitar las consecuencias sociales del freno de las obras en marcha. Algunos funcionarios la llaman «la estrategia Vidal», en referencia a la gobernadora bonaerense que primero fue beneficiada con la restitución del Fondo del Conurbano, con un desembolso para 2019 de 65 mil millones de pesos, pero luego fue obligada a hacerse cargo del financiamiento de los subsidios al transporte público, además de los traspasos de Edesur y Edenor. Con esa misma arquitectura de política fiscal, la Nación derogó el FoFeSo por decreto. En el Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, minimizan el impacto y sostienen que mientras las provincias perderán 5700 millones este año, recibirán compensaciones por 2600 millones, dentro de los «150 mil millones más que percibirán por coparticipación e inflación».

Detrás de la posible compensación por el FoFeSo con dinero del FGS, hay otro riesgo que las provincias temen como inminente y que contrasta con la «desdramatización» que comunican en el Patio de las Palmeras: el recorte de 5 puntos en la coparticipación del IVA para el año próximo. Eso obligaría a los Estados provinciales a perder 28 mil millones de fondos coparticipables para el año electoral que se avecina. «Por ahora es sólo parte de la negociación», relativizaron en la cartera política, pero la posibilidad despierta zozobra en los gobernadores. El FoFeSo anulado por Macri establecía una asistencia del Estado Nacional a las provincias a partir del 30% de la recaudación fiscal sobre los derechos de exportación de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja. Estaba expresamente prohibida su aplicación para gastos corrientes y sólo se podía utilizar para obras e infraestructura. Según el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la conservadora Fundación Mediterránea, tan importante era el FoFeSo que implicaba el 7,5% del presupuesto para obras de las provincias, y el 1,2% de sus ingresos totales. La Casa Rosada desarrolló la aplicación del ajuste por decreto con una escasa anticipación a las provincias y una veloz ventilación a la prensa, para exhibirlo como «la primera medida de ajuste fiscal fuerte luego de la firma del acuerdo con el FMI», se justificó una fuente de Balcarce 50, que consideró el operativo relámpago como «exitoso». Y todo ssucedió  mientras la misión del FMI auditaba las cuentas de la economía.  «