El Gobierno decidió la intervención de Radio América

Tras más de siete meses de conflicto, el Gobierno intervendrá Radio América mediante una resolución que se conocería hoy. La inminente intervención sería a través de una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) que declarará caduca la licencia de LR9 Radio América AM 1190, designará un delegado normalizador y de inmediato llamará a concurso de la frecuencia entre oferentes de privados.

Ayer venció el plazo para que Mariano Martínez Rojas, supuesto comprador de Radio América a los anteriores dueños Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, presentara la documentación pendiente que, entre otras cosas, demostrase la titularidad de la emisora. Ante el incumplimiento el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), presidido por Miguel De Godoy, resolvió la caducidad de la licencia y la designación de un delegado normalizador, que sería Agustín Garzón, quien fue el interventor de AFSCA apenas asumió la presidencia Mauricio Macri y desplazó a Martín Sabbatella.

La caducidad de la licencia se debe a los múltiples incumplimientos del licenciatario respecto del pago del canon de radiodifusión, los aportes patronales y el pago de los impuestos, entre otras obligaciones. La titularidad de la licencia de Radio América está en manos de Desup SA, cuya composición accionaria vigente no está debidamente acreditada (en la documentación figuraría como controlante Eduardo Eurnekian, que vendió la emisora a principios de la década pasada).

La planta transmisora de Villa Soldati de Radio América fue tomada violentamente por Mariano Martínez Rojas y actualmente emite música. Los estudios -destrozados por una patota liderada por el propio Martínez Rojas hace diez días, al igual que la redacción de Tiempo Argentino que funciona como cooperativa en el mismo edificio- son manejados por los empleados, que reclaman sueldos atrasados.

La noticia se dio a conocer tras la denuncia de la AFIP contra Sergio Bartolomé Szpolski y su socio Matías Garfunkel por no pagar $ 85 millones de aportes laborales. Esa presentación quedó en el Juzgado Penal Económico N° 7.