Columna de opinión
Es un clásico de la derecha recurrir al terror para imponer sus políticas de exclusión. Ayer fue con dictaduras genocidas, hoy con el bombardeo informativo que moldea el «sentido común». El método cambia, pero el objetivo es el mismo: reducir a escombros derechos y coberturas sociales para bajar «costos» y maximizar ganancias, preservar privilegios de clase e imponer la meritocracia como motor de la movilidad social.
Luego de una década de avances sociales sin precedentes, la aplanadora neoliberal se abre paso en América Latina con palos y leyes. La punta de lanza es Brasil, donde el golpista Michel Temer busca imponer una reforma laboral que derrumba casi todos los derechos que los trabajadores conquistaron desde el fin de la esclavitud.
La ley, que ya fue aprobada por el Senado, entre otras cosas dice que:
Los acuerdos sindicales prevalecen sobre la legislación.
Se dificulta y encarece el acceso a la Justicia del Trabajo
Fija límites económicos a las indemnizaciones y modifica las hipótesis para ampliar los despidos por «justa causa».
Permite ampliar la tercerización de tareas hasta alcanzar, incluso, la actividad principal de la empresa.
Crea nuevos tipos de contratos de trabajo, como el «trabajo intermitente»
Habilita que las mujeres embarazadas y en período de lactancia realicen trabajos insalubres.
Revoca los 15 minutos de descanso antes de las horas extra para las mujeres.
Favorece los acuerdos individuales, entre ellos la posibilidad de jornada de 12 horas por 36 horas de descanso.
Esta depredación de derechos solo es posible si, como ocurre en Brasil, la desocupación supera los dos dígitos, la fuerza represiva actúa con fiereza y se persigue a dirigentes con arraigo popular.
¿A cuánto está Argentina de ese escenario? Según la última medición del Indec, a medio punto: la desocupación orilla el 9,5% en el país. El resto de los requisitos, como se pudo apreciar esta semana en PepsiCo, ya están vigentes.
No es un secreto que el gobierno de Mauricio Macri sueña con una reforma de características similares a las de Brasil. El propio presidente tildó de «mafia» a la justicia laboral, celebró los acuerdos flexibilizadores como el que Petroleros firmó en Vaca Muerta y ordenó difundir que él mismo pidió que se ejecute la represión en PepsiCo. La campaña del miedo avanza, a paso redoblado. «
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