Forman parte de los colectivos que no fueron recibidos por la Corte Suprema. Sostienen que sigue vigente la cautelar de la justicia porteña que obliga al ejecutivo local a garantizar el derecho a la educación virtual a las familias que no quieran enviar a sus hijos a la escuela.
La nota impulsada por Vecinos Autoconvocados, un colectivo que comprende a familias de 30 establecimientos educativos. El texto se envió hoy de manera virtual a la cartera que dirige Soledad Acuña. Pide que se respete el DNU con todas sus garantías. “Consideramos esencial que se arbitren los medios necesarios para evitar disponer sanciones por ausentismo, conteo de faltas, u otros actos administrativos que comprometan la regularidad o el menoscabo del año escolar. En segundo lugar, demandamos la garantía inmediata de una alternativa de educación virtual”, indica el texto que fue elaborado previo al fallo de la Corte Suprema. Las demandas del grupo se sostienen después de la decisión del máximo tribunal porque consideran que ahí se indica al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como único responsable de las políticas sanitarias.
Victoria, una integrante del colectivo, afirmó que “las familias que no mandan a sus hijos a las escuelas no tienen derechos garantizados”. “Algunas están volviendo a las aulas y retornando con una enorme inestabilidad y con un enorme miedo. Están optando por volver porque no hay una garantía clara de que no se pongan las faltas. Hay un derecho a que se contemple esta situación como totalmente legítima. Tenemos porcentajes altísimos de alumnos que no van y que se quedan por fuera de la realidad escolar. El gobierno porteño no garantiza una escolaridad virtual. Por eso el petitorio dice por la garantía del derecho a la educación y a la salud. No hay respuesta para las familias que están preocupadas por los contagios y no pueden sostener la presencialidad. Nos parece una locura”, le dijo a Tiempo Argentino.
Por su parte, Gabriel Lerman, integrante del grupo y miembro de la Asamblea de Padres de la Escuela Rosario Vera Peñaloza, sostuvo que el Gobierno porteño debe ofrecer garantías para alumnos y alumnas. “Le pedimos a la ministra Acuña que mientras dure la pandemia se garantice educación virtual y se suspenda la presencialidad de manera obligatoria. No podemos llevarlos alegremente a la escuela cuando las actividades judiciales, bancarias, oficinas, y todo se hace por teletrabajo. ¿Qué sentido tiene ahora salir corriendo por una obligatoriedad?. Desde febrero para acá tuvimos a mi hija con Covid, luego la maestra y el transportista escolar. No hubo clases prácticamente. En abril la mayoría del equipo de conducción dio positivo, menos la directora”, afirmó el padre. Mañana realizarán un ruidazo en la puerta de la escuela, en Almagro.
Por otra parte, desde “Familias por la salud colectiva”, la organización que impulsó el amparo por la no obligatoriedad, informaron que la cautelar sigue vigente. Aunque advirtieron que hay escuelas que no cumplen con la medida judicial. Natalia Mollo, integrante del colectivo, dijo que “es un objeto diferente y previo. No pedimos la no presencialidad sino poder decidir si enviar o no”. “La no obligatoriedad sigue vigente. Pero esta información no llegó a las escuelas por parte del Ministerio de Educación. Se hicieron los distraídos y no se comunicaron. Hay escuelas que le han negado la posibilidad de la virtualidad y dicen que solamente son para los alumnos exceptuados. Hay tantas posibilidades como directivos. Es una incertidumbre total y es como que cada uno se maneja como puede”, le dijo a este diario.
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