Es el escenario que describe un informe elaborado por la carrera de Comunicación de la UBA y el Sipreba sobre lo sucedido este año con este derecho fundamental.
“Desde la asunción de Milei, sobre un sistema que ya era asimétrico se impusieron nuevas y más profundas regresiones basadas en un conjunto de políticas en diversos ámbitos y planos, desde el regulatorio hasta las intervenciones públicas del presidente, que tornan al sistema infocomunicacional aún más desigual”, describe la introducción del reporte que este lunes a las 18 se presentará en la Facultad de Ciencias Sociales.
El informe, al que Tiempo accedió antes de su lanzamiento público mañana, se divide en dos grandes ejes. Por un lado, detalla “el deterioro de las condiciones para el debate público y el ejercicio del periodismo” y además documenta “las retracciones en materia de políticas públicas y el rol del Estado en la comunicación”. El trabajo se nutre del monitoreo realizado en las prácticas preprofesionales de la carrera de Ciencias de la Comunicación y también recopila material de distintos organismos como la ONU, Adepa, CELS, Defensoría del Público, entre muchos otros tanto locales como internacionales.
“Por primera vez en mucho tiempo, no nos enfrentamos a un escenario en el que analizamos el nivel de cumplimiento (o incumplimiento) del Estado respecto de sus compromisos como garante del derecho a la información de toda la ciudadanía. Nos encontramos con un aparato estatal orientado a acallar las voces críticas de maneras muy concretas, mediante la represión, el hostigamiento y el ahogo económico”, señala Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a cargo del monitoreo que dio origen a este informe.
El recorrido pormenorizado por cada capítulo del trabajo comprueba la hipótesis de que se vive un momento de retroceso en materia de libertad de expresión y que la comunicación es un campo especialmente afectado. “No es casual: la construcción discursiva de lo real es un territorio de tensión permanente en el que se sustentan las disputas de poder. En nombre de esta supuesta ‘batalla cultural’, el gobierno y sus socios económicos avanzaron a lo largo del primer año de mandato en acciones concretas, cuyo denominador común es la concepción del Estado como obstáculo a la acción de los poderes fácticos”, dice De Charras.
Los ataques desde el poder llegan de distintas formas y por distintas vías. Pueden provenir desde las redes sociales donde X -empresa del multimillonario Elon Musk- es la predilecta del oficialismo, con disposiciones y decretos publicados en el Boletín Oficial, medidas de gobierno o incluso con la presentación de denuncias judiciales. En ese combo de asedio a la comunicación y a la libertad de expresión se enlistan el desguace de los medios públicos marcado por el intento de cierre de Télam, acaso como el avance más feroz, el impacto del DNU 70/23 y la Ley Bases sobre todo para restringir derechos, las intervenciones en el Enacom y la Defensoría del Público, el desfinanciamiento al cine nacional a través de la reducción del INCAA, las restricciones en el acceso a la información pública y la suspensión por un año de la publicidad oficial.
Los episodios de agresiones libertarias también tienen como objetivo a cualquier periodista que opine, comente o pronuncie algo contrario a las ideas o los intereses del gobierno. Son habituales tanto los posteos en redes sociales como los discursos de Milei en los que señala a comunicadores “ensobrados”, “pauteros” o “mentirosos”. “La cuenta de X del presidente Milei se ha convertido en el vehículo para reiteradas descalificaciones e imputaciones contra periodistas”, remarcó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) e incluyó una alerta en su informe de mitad de año mientras que el monitoreo de Fopea señaló al presidente, funcionarios y trolls como los principales protagonistas de los hostigamientos.
Entre muchos otros profesionales, Silvia Mercado, Darío Villarruel, Alejandro Alfie, Nancy Pazos, Luisa Corradini, Alejandro Bercovich, Romina Manguel, María O’Donnell, Jorge Lanata y Marcelo Longobardi conforman el amplio abanico de apuntados por la mira de la máxima autoridad de gobierno. “Desde su llegada a la presidencia, los casos de agresión a periodistas protagonizados por el presidente Milei se multiplicaron. El hostigamiento a diversos periodistas no se limitó a casos aislados ni a expresiones vertidas a través de las redes sociales. El accionar incluye comentarios y citas injuriosas a las cuales le siguen los posteos de trolls o “patotas digitales”, describe el informe realizado entre la carrera de Comunicación, Fatpren y SiPreBA.
El trabajo también tiene un apartado que detalla el ciberacoso y la tecnocensura a periodistas mujeres donde marca al doxeo como estrategia de amedrentamiento. “Consiste -explica el documento- en la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona o grupo. Esto puede llevar, además de la consiguiente persecución mediática y amenaza del derecho a la intimidad y el temor sobre lo que pueda suceder con familiares, a una autocensura de las y los periodistas para evitar estas agresiones”. Y es una metodología que trae consecuencias claras y preocupantes: el informe de Periodistas Argentina concluyó que el 80% de las trabajadoras censadas se ve inhibida de manifestarse en redes y temió o teme por su integridad física.
“El efecto de silenciamiento que se deriva de los ataques registrados durante este año trae consigo un creciente empobrecimiento del debate público y un mayor desconocimiento del alcance y las implicancias de las decisiones estatales en asuntos de gran interés público”, evalúa De Charras.
Es una de las conclusiones del trabajo que se presentará mañana en el Aula SG 300 de la Facultad de Sociales de la UBA. La fecha no es antojadiza: el informe de la Libertad de Expresión se da a conocer el día previo a cumplirse un año de Milei en la Casa Rosada. “El registro de lo ocurrido cobra un valor fundamental de cara al futuro, tanto para establecer las responsabilidades correspondientes por parte de actores estatales y paraestatales como para intentar poner un freno a esas violaciones de derechos”, concluye el informe, acaso para ratificar que esta inédita experiencia ultraliberal sin dudas avanza. «
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Artículo 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía.