Uno de los ejes en el debate presidencial será Derechos Humanos y Convivencia democrática. Las posturas sobre el terrorismo de Estado y la importancia de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Durante el debate del 1 de octubre el candidato Javier Milei manifestó sin titubeos que los crímenes de lesa humanidad apenas constituyeron “excesos” cometidos por las fuerzas del Estado en el marco de una “guerra”, y negó que las personas detenidas desaparecidas fueran 30 mil, invocando un número mucho menor extraído de una falaz construcción sobre la cual no nos detendremos aquí.
El estupor que produjo la confirmación del discurso de Milei, -que utilizó además las mismas palabras del genocida Emilio Massera en el Juicio a las Juntas de 1985-, interpeló a integrantes de todas las fuerzas políticas por fuera de La Libertad Avanza.
En los días siguientes se multiplicaron voces que cuestionaron la negación del plan sistemático de la dictadura, reivindicaron al movimiento de derechos humanos, la actuación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y el Juicio a las Juntas como base fundacional de la recuperación de la democracia y, más cercanos en el tiempo, los numerosos juicios que se realizan en todo el país por estos crímenes.
En estos procesos se determinaron responsabilidades sobre las desapariciones forzadas, las torturas, las ejecuciones, la violencia sexual y el robo de bebes, para mencionar solo algunos de los aberrantes delitos producidos de manera orquestada y planificada por la maquinaria del terrorismo de Estado.
De acuerdo con la información publicada por Ministerio Público Fiscal de la Nación, además de la histórica sentencia en la Causa 13 que dio lugar al Juicio a las Juntas, desde 2006 se dictaron 307 sentencias en juicios por crímenes de lesa humanidad: fueron condenadas 1159 personas y 178 resultaron absueltas. Actualmente, hay 17 juicios en curso, 65 causas fueron requeridas por el Ministerio Público para que arriben también a la etapa del juicio, y 284 causas están en la fase de instrucción, es decir, están siendo investigadas. En este contexto, 678 personas se encuentran privadas de su libertad, de las cuales 520 (es decir, el 76%) cumplen prisión domiciliaria.
Un elemento clave del conocimiento de la verdad que permiten estos procesos es la identificación de delitos que, hasta hace pocos años, no eran investigados como parte del despliegue represivo de la dictadura. Es por ello que, según la información de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se investigan y juzgan actualmente hechos de violencia sexual (en 84 juicios), los delitos por motivación económica (en 15 juicios), la responsabilidad del personal civil de inteligencia (en 53 juicios), complicidades y responsabilidades civiles (en 102 juicios), violencia sobre niños y niñas (126 juicios), vuelos de la muerte (5 juicios) y enfrentamientos fraguados (24 juicios).
Además, las investigaciones y juicios permitieron determinar minuciosamente el funcionamiento de los más de 800 centros clandestinos de detención y lugares de reclusión ilegal en todo el país, algunos de ellos ocultos al conocimiento público hasta hace pocos años.
Estas sentencias adoptadas en los distintos juicios implican que es el propio Estado, a través de las decisiones del poder judicial en el ejercicio de sus competencias constitucionales (propia de la división republicana de poderes), el que está sancionando su accionar de terror. Las sentencias suponen la confirmación de que el Estado tenía, tiene y tendrá prohibido secuestrar, torturar, desaparecer personas, apropiarse de niños y niñas. Además, el derecho internacional de los derechos humanos -creado por los Estados- condena estos crímenes, los considera imprescriptibles y susceptibles de ser perseguidos en cualquier país. Sobre esta base jurídica universal se han realizado y se llevan adelante hasta hoy investigaciones y juicios en 15 países por los crímenes de la dictadura argentina.
La contundencia de este proceso y sus resultados deberían tornar perimido el debate en una sociedad democrática y un Estado de Derecho. El plan sistemático del terrorismo de Estado se encuentra íntegramente probado, se sigue probando hoy en cada juicio, en cada condena, en cada familia que encuentra una respuesta luego de décadas de luchar por justicia. Es sobre esta verdad incontrastable, confirmada por el poder judicial en el marco de procesos con todas las garantías de la Constitución, que debería articularse la condena enfática de todos los sectores sociales y fuerzas políticas al terrorismo de Estado y a la dictadura.
A 40 años de la recuperación de la democracia, respetar este compromiso es un deber mínimo básico de toda persona que quiera representar al país y gobernarlo con base en nuestro Estado de Derecho, así como una condición para el futuro de nuestra convivencia pacífica
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