Preocupación por las demoras en los juicios de lesa humanidad y la impunidad biológica

La demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad y la impunidad biológica son los ejes que más preocupan a los organismos de Derechos Humanos y las querellas en los procesos penales por la dictadura.

Esa intranquilidad se manifestó en un nuevo encuentro de la Mesa de Discusión Institucional, un espacio convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en el que fiscales, querellantes, organismos y representantes el Poder Judicial analizaron la marcha de esos procesos judiciales.

También plantearon otras: la sensación de que el juzgamiento de los genocidas dejó de ser política de Estado, el otorgamiento automático de las prisiones domiciliarias, y la falta de interés en el tema por parte de la Corte.

Las inquietudes fueron las mismas que en el anterior encuentro, en septiembre del año pasado: la demora permanente de los Tribunales para fijar audiencias de debate. “Son más de un centenar de causas en todo el país”, aclararon desde la procuración- y el letargo en que caen los juicios orales que una vez que arrancan demoran meses en concluir.

Esas tardanzas provocan la privación de justicia para acusados y víctimas y la «impunidad biológica», es decir, la muerte de los represores sin sentencia firme o sin llegar a debate y también de las víctimas y sus familiares.

“El estancamiento de las causas, lamentablemente, no es nuevo porque los tiempos del Poder Judicial son diferentes que los nuestros, entonces tenemos el problema que aumenta año a año que es que los represores se van muriendo o por la edad adquieren estados que hace que no puedan ser llevados a juicio. Y lo mismo ocurre con las víctimas y sus familiares”, explicó Nadia Schurjman, abogada de HIJOS de Rosario en causas de lesa humanidad que participó del encuentro.

Para la abogada el problema es “apremiante”. Y la responsabilidad está en la Corte Suprema de Juticia: “En los hechos no se ve que la Corte aplique políticas para que los juicios avancen”, se quejó. Una de esas directivas podría ser, advierten, acelerar el ritmo de los juicios. “En Santa Fe llegamos a tener una audiencia cada 15 días”.

El abogado Pablo Llonto lleva causas en por crímenes de lesa humanidad en tribunales de Capital, La Plata y de San Martín. En ese último hay 20 causas acumuladas y el tribunal viene juzgando una por año. Y el juicio que debía arrancar esta semana se postergó porque falta un juez.

Llonto advierte, al menos, dos problemas sobre las demoras. Una es por la poca frecuencia de las audiencias. “Se hacen una o dos por semana y llegamos a juicios que son récord mundial en su duración. La causa Esma va por el quinto año”.

También para él la llave está en la Corte. Puntualmente en su presidente Ricardo Lorenzetti, el creador de la Mesa Interpoderes para dar impulso a esos juicios. “Lorenzetti puede dar las directivas para acelerar los juicios, como que las audiencias sean de lunes a viernes”, explicó. Y recordó un caso histórico en el que los supremos promovieron la celeridad: el Juicio a las Juntas de 1985. “Se hizo de lunes a viernes, desde las 3 de la tarde hasta que declaraba el último testigo. Y de 7 a 13, el tribunal hacía su tarea normalmente”, recordó el abogado. “Ahí está la fórmula”.

El otro problema es la falta de jueces para que se puedan conformar los tribunales para juzgar a los represores de la dictadura. “Se necesitan jueces disponibles”, dijo. “Una especie de banco de suplentes”.

La propuesta no es nueva. El año pasado en el encuentro nacional de abogados de juicios por crímenes de Lesa Humanidad del Colectivo Mario Bosch llevó esa misma propuesta a la Mesa Interdisciplinaria. En la Corte está la billetera y la capacidad política para generar esa logística.

“Hay mucha diferencia entre lo que pasa en Capital y La Plata y lo que ocurre en el interior del país”, contó Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en La Plata. “Hay lugares donde ocurren cosas que a nosotros nos parece una película vieja”. El abogado contó que en la capital bonaerense está en el Tribunal Oral Federal N°1, donde luego de que Carlos Rozanski fuera forzado a renunciar, se quedó sin jueces ni presidente. “Hay un taponamiemto de causas en ese tribunal por el problema de las subrogancias”.

Solo en ese TOF hay a la espera causas como la que investiga el Pozo de Quilmes, la Brigada de Banfield y la de San Justo. Al tribunal -que el año pasado demoró tres veces el juicio a la CNU- la Cámara Federal lo intimó a ponerle fecha al debate por apropiación de tres menores que fueron secuestrados en el Hogar Belén. Arranca el 28 de agosto.

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta contó que en la reunión con la procuración le tocó hablar en nombre del colectivo Mario Bosch. “Dije que se notaba que había dejado de ser una política de Estado el juzgamiento de los crímenes del Terrorismo de Estado”, contó. Pero remarcó que en lareunión se habló también del desmantelamiento en el interior de las dependencias del Poder Ejecutivo, y de las prisiones domiciliarias y el rol del ministerio público, entre otros temas.

Claudio Yacoy, abogado, querellante en la causa por el centro clandestino “El Infierno” (Brigada de Lanús), secretario de derechos humanos de Avellaneda, hizo hincapié en el estancamiento de los jucios. “La principal dificultad que vemos es que el cambio de época trajo aparejado demoras en las causas”, dijo. “Estamos en un momento de impunidad biológica”.

El funcionario municipal representó en el encuentro a sus pares de otras ocho distritos bonaerenses y mesas por la memoria de más de cuarenta localidades que integran la Red Provincial de los Derechos Humanos. Recordó que en la causa por El Infierno hace un año la justicia le dio vista a las partes para dar por finalizada la instrucción, pero siguen sin elevar la causa a juicio.

El encuentro realizado el lunes pasado en la procuración fue abierto por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Fue coordinado por el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat; la coordinadora Carolina Varsky; y la fiscal federal Ángeles Ramos. Y reunió querellantes, organismos de derechos humanos y miembros del poder judicial de todo el país.

Domiciliarias. “Otro problema son las domiciliarias y cómo algunos tribunales las están concediendo de forma automática y de manera absolutamente irregular”, remarcó Schurjman. El caso más burdo fue en Córdoba: como el Servicio Penitenciario dijo que no tenía auto para trasladar al condenado Carlos Alsina (“El estaqueador”), la Cámara de Casación lo mandó a su casa.
“Hay una consesión permanente desde la justicia hacia los represores”, agregó Yacoy. Y se quejó porque en los incidentes por pedidos de prisiones domiciliarias a los que se oponen no cuentan con el respaldo de los fiscales.

Vaciamiento. Organismos de derechos humanos y abogados querellantes pusieron de relieve el «vaciamiento» de los programas estatales de contención de testigos y la falta de acción de la Comisión Interpoderes, que sesionó por última vez en septiembre.

Sentencia firme. La demora en la revisión de las sentencias fue otra preocupación. El último informe de la Procuraduría advierte que sólo el 25% de los condenados tienen al menos una sentencia firme (187 en total).