El dato se desprende del último informe de la Comisión Provincial por la Memoria.
El boletín contiene estadísticas del sistema penal y las distintas violencias estatales. Se trata de un trabajo que este organismo de control realiza en el marco de la Ley Nacional 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. La información recabada es desde principio del año en curso y hasta finales del mes de abril.
«En esta oportunidad aprovechamos para compartirles una serie de reformas que hicimos durante los últimos meses y que dieron como resultado un sitio interactivo, con más indicadores, información desagregada y georreferenciada», explicó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Y tienen algunas aclaraciones metodológicas «que acompañan su interpretación», agregó.
Continuó detallando. «Los filtros permiten cruzar distintas variables, seleccionar períodos o años puntuales, territorios e instituciones y buscar datos específicos. Así mismo, incorporamos bases descargables y nuevos datos de actualización mensual».
El secretario ejecutivo aseguró: «Con estas modificaciones que realizamos nuestro organismo dio un nuevo paso en el cumplimiento de los principios rectores respecto a la información pública, acceso, apertura, puntualidad y claridad de la misma».
Según el boletín de organismo de Derechos Humanos la población en cárceles, alcaidías, comisarías y con monitoreo electrónico es de 63.374; con una variación interanual de +5% y una tasa general de 345 cada 100.000 habitantes. Es decir, durante los últimos años se ha duplicado la cantidad de personas que permanecen en conflicto con la Ley Penal.
En tanto, la sobrepoblación en cárceles y alcaidías hasta el mes de abril fue del 110%, en cuanto en las comisarías fue del 93%; detalla el boletín. Cipriano lamentó profundamente que en cárceles y alcaidías: «Se registraron 59 muertes, 1 en comisaría y 51 por el uso letal de la fuerza de seguridad. Dando todas ellas un total de 111 personas muertas».
Los adolescentes en conflicto con la Ley Penal en le territorio bonaerense -a cargo del Organismo de Niñez y Adolescencia (OPNyA)- son 680 y hay 103 niñas y niños en las llamadas «casas de abrigo», que por algún motivo el Estado ha decidido quitarles las tenencias a los progenitores. «Todos ellos permanecen en pésimas condiciones y se encuentras con derechos vulnerados», apuntó el abogado.
También aseguró: «Denunciamos todos los años en nuestros informes que la principal causa de muerte en el encierro es por falta de atención médica. Además de señalar el problema, recomendamos al Estado la posible solución, o sea, que la salud en las instituciones de encierro dependa de la salud pública, no del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), porque a lo largo de la historia ha demostrado ser deficiente».
El secretario ejecutivo siguió remarcando. «Además, todas las personas detenidas que nosotros entrevistamos nos cuentas que la atención médica en los penales es esporádica, prácticamente nula. Y que la institución penitenciaria nunca cumple con los turnos que las personas tienen en los hospitales extramuros».
Y concluyó. “Los penitenciarios siempre esgrimen los mismos argumentos, dicen que no tienen móviles ni dinero para el combustible para realizar los traslados a los nosocomios. Esto produce que muchísimas personas no reciban los tratamientos médicos correspondientes y así se producen la mayoría de las muertes. Son muertes evitables que ocurren en forma sistemática».
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