8M: en un año la motosierra agrandó desigualdades y aceleró la violencia contra mujeres y diversidades

El 8M llega este sábado con consignas contra el hambre, el saqueo y la desigualdad. Es, para mujeres trabajadoras y diversidades una situación crítica tras las políticas de ajuste y “motosierra” del gobierno de Javier Milei junto con el PRO y sectores del radicalismo. La institucionalidad de las políticas de género había logrado en la Argentina avances que incluso no habían tenido lugar en el mundo. En un año y tras la destrucción del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación cada una de las políticas destinadas a achicar la desigualdad de género fueron desmanteladas y desprestigiadas, con resultados que preocupan no sólo por el presente sino también a futuro.

De acuerdo al análisis del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) las mujeres trabajadoras argentinas tienen menos acceso al empleo, son más precarizadas que los hombres y tienen una brecha salarial que alcanzó el 27,7%

El informe de CEPA evidencia en forma clara la existencia de la desigualdad económica, negada insistentemente por el gobierno argentino. Entre las consecuencias que deja entre mujeres y diversidades la llegada de La Libertad Avanza al gobierno, está que se perdieron 15.748 puestos de trabajadoras de casas particulares entre noviembre 2023 y noviembre 2024. “Este sector está sumamente feminizado: el 95,2% de quienes realizan este trabajo son mujeres, y sus ingresos han perdido a enero de 2025, 21,8% de su poder adquisitivo respecto a noviembre de 2023 (valor hora vs inflación)”, expresa el documento de CEPA.

Otro sector feminizado es el docente y allí el 77% del personal de nivel inicial, primario y secundario son mujeres, y sufrieron un recorte de salarios en términos nominales con la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que representaba en promedio el 12% del sueldo.

Por su parte, las jubilaciones mínimas, que cobran mayormente las mujeres -que en un 79,4% accedieron vía moratoria y por ende cobran el haber mínimo- sufrieron una pérdida del poder adquisitivo de 13,3% en el primer trimestre de 2025 respecto al último trimestre del gobierno anterior. Es el resultado de la aplicación del DNU 274/2024 y el congelamiento del bono de $70.000 desde marzo de 2024. Debiera ser del doble ($145.303) si se lo hubiera ajustado con el mismo criterio del haber.

A las jubiladas y pensionadas, a su vez, les quitaron la devolución del IVA, que representaba un ingreso extra de $18.800 por mes. También fueron perjudicadas por los recortes en PAMI.

El informe destaca, “en marzo de 2025, el gobierno no va a prorrogar la moratoria previsional. Como consecuencia, 9 de cada 10 mujeres en edad cercana a jubilarse no podrán hacerlo. Deberán conformarse con una PUAM: 80% del haber mínimo, podrán acceder 5 años después (a los 65 en vez de a los 60) y no es pensionable”.

También expone que el 63% de quienes cobran el ex programa Potenciar Trabajo son mujeres. El poder adquisitivo del mismo cayó 64,6% entre noviembre de 2023 y marzo de 2025. Para recuperar el nivel de noviembre 2023, el monto debiera ser hoy de $220.193,8.

La desigualdad y el crecimiento de la violencia

Basado en los diferentes informes realizados durante 2024, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analizó la alarmante situación de desigualdad de nuestro país. Entre los datos más preocupantes es que en Argentina 6 de cada 10 son mujeres es pobre. También que son quienes encabezan hogares monomarentales que están en condiciones más vulnerables y con menos ingresos.

En esos hogares, el 43,3% de las asalariadas jefas de hogar no están registradas por lo tanto mantienen sus empleos en forma informal. A su vez, casi 7 de cada 10 hogares monomarentales están por debajo de la línea de pobreza y 3 de cada 10 bajo la línea de indigencia.

“La idea de estos informes es visibilizar la desigualdad estructural en la que todavía vivimos las mujeres y las diversidades en Argentina. Hoy escuchando discursos oficiales por parte del gobierno y de muchos políticos o formadores de opinión que niegan la idea de que exista tal desigualdad. Y que niegan también que exista la violencia”, expresa Agustina Rossi responsable del área política de ELA.

“No es casual que 6 de cada 10 personas pobres en Argentina sean mujeres. Históricamente las mujeres y diversidades han estado sobrerrepresentadas en los hogares más pobres. Aún hoy persisten obstáculos para que las mujeres y las travestis y trans, y las personas de la diversidad tenemos todavía muchos obstáculos para acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones para acceder también a trabajos que están bien remunerados, que cuentan con condiciones laborales óptimas que se pueda acceder a una jubilación, que esté en blanco, que podamos tener licenciadas”, agrega Rossi.

Entre los datos que se destacan es que 9 de cada 10 mujeres no se podría jubilar si no fuera por la moratoria jubilatoria que termina el 23 de marzo. “Esto deja en una nueva situación de vulnerabilidad a las mujeres mayores de 60 años que no pudieron hacer los años de aporte porque se tuvieron que dedicar a tareas de cuidado. Pero también vemos ahí una desigualdad, que las mujeres dedican el doble del tiempo a estas tareas de cuidado. Que son esenciales para la reproducción de la vida”, agrega Rossi.

En ese sentido, Rossi también analiza que resulta fundamental la existencia de políticas públicas que puedan atender esas desigualdades y para no agrandar las brechas. Afirma que tras el desmantelamiento en marcha por la motosierra de Mieli, hubo un agravamiento en las condiciones de la violencia y un mayor empobrecimiento en las mujeres y de su familia en materia de atención y abordaje de las violencias de género.

“Hoy por hoy una mujer que necesita ayuda tiene menos posibilidades de salir del círculo de la violencia. Queda atrapada en ese vínculo violento, en este hogar donde su vida peligra, donde la vida de sus hijos peligra porque ya no existen dispositivos que le puedan brindar ni atención psicológica ni asesoramiento ni patrocinio jurídico ni le puedan acercar un apoyo económico para que pueda buscarse una vivienda segura, para que se pueda movilizar hacia otra ciudad si es necesario”, detalla Agustina Rossi. “Entonces, es preocupante pensar que quienes necesiten ayuda ya no van a tener a donde ir. Y esto no sólo por el desmantelamiento de las políticas, sino que también cuando estamos escuchando en todos los medios de comunicación principales de la boca de los políticos que gobiernan hoy el país que la violencia no existe.”

El impacto de la motosierra

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a organizaciones sociales elaboraron el cuatro informe de La cocina de los cuidados, sobre el impacto del abandono estatal en las políticas de género.

El monitoreo de las políticas de cuidado muestra que el ajuste continúa: de 50 políticas relevadas, sólo quedan vigentes 5. El 90% fue recortado, desmantelado, derogado o está en riesgo.

Las trabajadoras del cuidado son quienes más perdieron. La caída del salario real de las trabajadoras de casas particulares fue del 22%, el de las comunitarias del 54%, el de docentes del 29%. También destaca que la brecha de ingresos de ocupación principal entre varones y mujeres es la más alta de los últimos 6 años: pasó del 21 al 26,3% en un año.

Por otro lado, plantea que 1 millón de niños y niñas quedaron sin asignación familiar por recortes en los topes de ingresos y por despidos. Y que las personas mayores están a las puertas de una exclusión masiva. Sólo el 23% de las mujeres que hoy tienen 60 años cuenta con más de 25 años de aporte para jubilarse.

Y destaca, por último, que las políticas alimentarias presentan deudas de pagos por el 40% de lo presupuestado.