A dos años de su sanción, exigen que el Estado cumpla con la ley de cannabis medicinal

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un amparo colectivo para que la Justicia ordene al Estado nacional suministrar aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que le hayan recetado este tipo de sustancias para el tratamiento de enfermedades.

La acción radicada en el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata busca que se cumpla con la Ley 27.350 y que el producto sea suministrado gratuitamente a quienes forman parte del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, y bajo cargo a aquellos que no se encuentran en el listado pero cuentan con prescripción médica.

«Este amparo es una respuesta a los reclamos que recibimos de asociaciones civiles, ONG y particulares, quienes expresaron que el Gobierno nacional no cumple con la ley, lo que genera dificultades burocráticas y económicas para adquirir un aceite de cannabis que no se está produciendo en el país, situación que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos que deban llevar adelante las personas afectadas», sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Además, agregó que “son numerosos los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos, pero particularmente la imposibilidad de acceder al cannabis medicinal a través del Programa viola los derechos a la salud, a la mejor calidad de vida posible y a gozar legítimamente de los beneficios del progreso científico”.

Por último, el organismo también resaltó que los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) no están produciendo ni comercializando cannabis para uso medicinal, terapéutico y/o de investigación en la actualidad, y tampoco el INTA ni el CONICET realizando tareas de investigación con fines médicos y científicos.

Ley de cannabis medicinal a dos años de su aprobación

El 29 de marzo de 2017 el Congreso de la Nación hizo ruido. Estaban allí madres y padres que ya usaban derivados del cannabis para aliviar las patologías de sus hijos, y titulares de organizaciones civiles que desde hace años orientan a quienes apelan a esas terapias para vivir mejor, y médicos que investigan los usos medicinales de la planta y que acompañan a sus pacientes en sus tratamientos.

La reglamentación de esa ley fue en septiembre de ese año y parcial. El Estado acotó la investigación y producción de cannabis medicinal para personas diagnosticadas con epilepsia refractaria, aunque los derivados de la planta se usen para tratar cáncer, dolor crónico, fibromialgia, Alzheimer, Parkinson y trastorno del espectro autista, entre otras patologías.

En mayo de 2018, desde la ONG especializada Mamá Cultiva confirmaron que sólo el 2% de quienes se acercaban a la institución lo hacían por epilepsia refractaria. La mayoría de los usuarios de cannabis medicinal dependían -y aún dependen- del autocultivo o el cultivo solidario, que permanecen conminados a la ilegalidad.

En octubre del mismo año, el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados y Tratamientos No Convencionales, que creó la ley y que depende de la Secretaría de Salud, confirmaron que aún no había empezado ninguno de los ensayos clínicos previstos. Aunque estaba previsto que se asignara un predio del INTA en Castelar para la investigación de los usos de la planta, eso aún no fue puesto en marcha.

A fines del año pasado el presupuesto asignado por el Estado a la investigación y producción de cannabis medicinal no alcanzaba los 1.000 pesos por día. En los últimos días de octubre se puso en marcha el primer ensayo clínico bajo responsabilidad del Estado, en el Hospital Garrahan. Sus responsables afirmaron que, de manera paulatina, abarcaría a unos cien pacientes: todos están diagnosticados con epilepsia refractaria.