A horas del comienzo del plan de lucha el gobierno cedió un punto clave para la CGT

La reglamentación de la ley de modernización laboral generó crisis y estupor en la CGT. En el DNU 407/26 que concretó algunos puntos clave de la ley, se coló la mano de algún funcionario que, en un exceso reglamentario, modificó el criterio que fijaba un tope para los aportes solidarios que pueden recibir los sindicatos de parte de las empresas en acuerdos paritarios.

Allí se estableció que el 2% sobre el salario de los trabajadores registrados acordado con el gobierno por los representantes sindicales y que había vehiculizado la aprobación de la norma, sería sobre el “salario básico”.

Ocurre que en muchos gremios el básico representa una porción muy minoritaria de la remuneración conformada que percibe el trabajador y, por lo tanto, la que se deriva a las organizaciones sindicales. Idéntica preocupación afectó a las cámaras patronales que también se financian en gran parte con los aportes solidarios que las patronales conceden también a sus representantes.

El cambio generó estupor, bronca y presentaciones judiciales que lograron el visto bueno de la justicia bajo la forma de medidas cautelares. Es que esos fondos, en muchos casos, se destinan a subsidios que perciben las familias trabajadoras para atención sanitaria o de otra naturaleza que pueden ser consideradas de carácter alimentario.

La “picardía” de los reglamentadores libertarios generó un impasse sobre el conjunto de la ley y la discusión de los convenios colectivos que, por ahora, no muestra avances de relevancia. En el medio, la situación forzó a la CGT a dar lugar a un nuevo plan de lucha que, medido, consiste en acompañar medidas de lucha parciales como la de los jubilados del miércoles y las organizaciones sociales del 7 de agosto, día de San Cayetano.

Pero, además, fue la oportunidad para que el Consejo Directivo anunciara su intención de avanzar con un nuevo paro nacional y una Marcha Federal. La decisión de no poner fecha le dio la oportunidad al gobierno para revisar lo que, más allá del “exceso reglamentario” (el DNU altera la ley), resultó una provocación.

Así, el equipo presuntamente liderado por Federico Sturzenegger se vio obligado a desandar el camino y publicar un nuevo decreto, el 6112/26 que revisó el decreto precedente.

Allí se amplía el tope del 2% para los aportes solidarios al total de la remuneración con la excepción de eventuales cifras no habituales que pudieran integrar el salario conformado.

El recule del gobierno, claro, pretende desactivar el plan de lucha de la CGT y “pacificar” el escenario social, gremial y político en momentos en que empieza a perfilarse el proceso electoral hacia 2027.