La última reunión de Consejo Directivo de la CGT, realizada el 7 de julio, fue muy larga. La Secretaría de Prensa había convocado a una conferencia con los medios para las 16:30 que, finalmente, se realizó sobre las 19.
La longitud del cónclave no se explica porque haya habido grandes diferencias. Lo que sí ocurrió es que hicieron uso de la palabra prácticamente todos los presentes, pero no hubo claridad sobre el camino a adoptar.
Embate furioso
La ofensiva del gobierno nacional es mayúscula en tanto reglamentó perniciosamente la ley de modernización laboral y, a partir de ahí, intimó a 800 gremios para que avancen en la revisión de sus convenios colectivos. En ese enorme grupo se encuentran los principales convenios colectivos nacionales, pero también acuerdos a nivel de empresa.
La atomización de la negociación pretende ser profundizada a través de la flexibilización de los requisitos para crear sindicatos a nivel de empresa que, según la nueva ley, gozarán de prelación frente a convenios de actividad. La Secretaría de Trabajo se reserva el derecho a veto (no homologación) de cualquier entendimiento entre partes.
El ataque al modelo sindical y el poderío de la CGT se profundizó en la regimentación de los derechos a organización y ejercicio de la huelga y, más artero, cuando el Poder Ejecutivo limitó el monto de los aportes solidarios a las organizaciones gremiales al 2% del salario básico de cada trabajador conveniado. Es que la letra de la ley aprobada establecía que ese porcentaje se aplicaría sobre el total de la remuneración. La diferencia no es menor: hay gremios en los que el básico representa solo el 20% o menos del salario conformado.
La habilitación de esos aportes es lo que había cedido el gobierno a la mesa chica de la CGT y, en gran medida, allanado el camino para la aprobación de la norma.
La amañada intervención a la UOM y, peor aún, el reconocimiento a la intervención de su potestad para discutir paritarias representa un ataque a las organizaciones sindicales que, como reconoció el juez Víctor Pesino, solo reviste antecedentes en los años 1955 y 1976, bajo gobiernos de facto.
Además, se puso fecha para el 1 de noviembre a la implementación del Fondo de Asistencia Laboral que servirá para financiar despidos con fondos provenientes de la ANSES. Las empresas podrán desvincular empleados registrados con los aportes que ellos mismos hacen a la seguridad social y que financian el pago de los haberes jubilatorios. Un ataque a tres bandas.
Sabor a poco
Para el sector mayoritario de la conducción cegetista “no hay clima” para un paro general que, a pesar del éxito del realizado el 19 de febrero que ellos calificaron de “contundente”, evalúan, no cosecharía un gran acatamiento. Pero las voces más disonantes tampoco se muestran convencidas sobre la efectividad y conveniencia de esa medida. Por eso, la longitud del cónclave contrastó con las resoluciones que, si bien implican recuperar la calle, tienen sabor a poco y, por el momento, se limitan a acompañar medidas ajenas.
La idea explícita es “calentar motores” acompañando los reclamos parciales y conflictos que pudieran emerger en una suerte de, como se dijo, “guerra de guerrillas”. Así la primera parada será este miércoles 22, cuando las organizaciones de jubilados realicen su 136° radio abierta desde que asumió el gobierno de Javier Milei. No esperan ni apuestan a una movilización masiva en tanto el triunvirato encomendó a las organizaciones a que «garanticen un mínimo de 30 a 40 compañeros por organización y con pechera”.
Luego resolvieron, al igual que en 2025, acompañar la tradicional movilización que las organizaciones sociales realizan el 7 de agosto por el día de San Cayetano, patrono del trabajo. La agenda incluye alguna participación en la Semana Social que organiza para los primeros días de septiembre la Comisión Episcopal en víspera de la visita del Papa León XIV en noviembre. Por esos días se celebra el Día de la Industria y desde las CTA propusieron organizar una jornada de protesta convocando a organizaciones del sector pyme.
Es probable que, además, la central obrera convoque una acción ante el Consejo del Salario Mínimo a fines de agosto, cuando expira el tramo de incrementos vigente. También se propuso realizar una protesta en el Palacio de Hacienda con eje en el endeudamiento de las familias trabajadoras.
La amalgama entre posiciones no del todo consolidadas derivó en una definición informal en favor de una marcha federal y un nuevo paro nacional que, sin embargo, no tienen fecha. Por lo que pudo saber Tiempo, los dirigentes la imaginan para octubre. Previamente, dicen, habrá una convocatoria a algún organismo más amplio que podría ser un plenario de secretarios generales o un Comité Confederal.
La mesa chica se reunió con los líderes de las CTA y la UTEP para coordinar la acción del miércoles y la agenda de mediano plazo. Hugo “Cachorro” Godoy explicó a Tiempo que “es una convocatoria conjunta en el marco del plan de acción contra todas las políticas de Milei”. Agregó que “el primer gran abrazo es para los jubilados. Participaremos, con ellos al frente, de la ronda habitual».
El dirigente destacó que la marcha de San Cayetano “este año suma el reclamo de restablecimiento de los 950 mil planes sociales que el gobierno decidió recortar. Iremos escalonando medidas unificadas y preparando una marcha federal y un paro nacional que ya están acordados en el marco de este plan de lucha”.
La agenda de las organizaciones de jubilados
El lunes 13 las organizaciones de jubilados se reunirían para redefinir una agenda propia de lucha que, más allá del tradicional abrazo al Congreso de los miércoles, incluiría una movilización al Ministerio de Salud en defensa del PAMI y otra a Economía contra el Fondo de Asistencia Laboral.
La cita, sin embargo, se trastocó ante el convite de la CGT y las CTA.
Nora Biaggio, del Plenario de Trabajadores Jubilados, señaló que «hablé con Jorge Sola. Ellos van solamente a apoyar. Las organizaciones de jubilados entendemos que es un paso pero que con esto no basta. Tiene que desenvolverse un plan de lucha y un paro general que es lo que reclamamos todos los miércoles. Hay que terminar con Milei».
