Van más de diez años de persecución política y judicial contra la dirigente jujeña Milagro Sala, sin embargo, la presión no afloja y amenaza con incrementarse luego de que la Corte interamericana de Derechos Humanos levantara las medidas provisionales que la protegían desde 2017.
“La quieren ver muerta y estamos dando una batalla para que no la maten”, manifestó su médico Jorge Rachid en conferencia de prensa tras conocerse la novedad judicial. Es que el hostigamiento y la prisión que sufre desde hace una década afectaron gravemente su salud y en las últimas semanas debió ser internada de urgencia varias veces por representar un riesgo cierto e inminente para su propia vida, según informaron sus abogados. “Este acoso judicial va a aumentar después de que la Corte IDH haya bajado la cautelar. Esto realmente nos alarma”, agregó Rachid.
La CIDH dio por terminada la medida cautelar que protegía a la dirigente social en una resolución publicada el 3 de julio pasado. Si bien el organismo regional consideró que el riesgo clínico para la vida e integridad de Milagro se mantiene igual que antes, entiende que el Estado argentino está dando una respuesta efectiva y garantiza los tratamientos y traslados.
Sin embargo, los integrantes de la Corte dejaron una aclaración importante: “El levantamiento de las presentes medidas no debe entenderse como una habilitación para revertir, sin justificación, las condiciones internas de protección actualmente existentes”, señalaron.
Para el equipo de abogados que representa a Milagro, este último punto es central ya que desarma la estrategia del gobierno nacional que, a comienzos de este año, pidió justamente el levantamiento de las medidas de protección para enviarla a una cárcel común.
“Cualquier intento de trasladar a Milagro a un establecimiento penitenciario o de alejarla del tratamiento que hoy la sostiene sería contrario a lo que la CIDH estableció y comprometería directamente su vida. La resolución no habilita ningún retroceso sino que obliga al Estado a sostener la protección. Como la propia Corte señaló: si esas condiciones fueran revertidas, la vía de las medidas cautelares y provisionales del sistema interamericano volvería a quedar abierta”, indicó el equipo de defensores en un comunicado.
Para que no la maten
Milagro permanece en la cama, casi no se levanta ni come. No quiere recibir ni hablar con nadie y su salud es delicada. Al conocerse la gravedad de su estado, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos Humanos realizaron una conferencia de prensa para reclamar su liberación. Allí, Rachid dio detalles de cómo le salvaron la vida al trasladarla a La Plata y del hostigamiento que todavía sufre por parte de la Justicia de Jujuy, que envió dos comisiones de fiscales, médicos y psicólogos para intentar indagarla y abrir nuevas causas judiciales.
El médico pidió hacer responsables al Poder Judicial jujeño y a la Corte Suprema de Justicia por convalidar la persecución y consideró necesario que “paguen el daño le están haciendo a una líder que está presa por ser mujer, por ser negra, por ser quechua, por ser dirigente sindical y por tener lo que hay que tener, que hoy le está faltando a mucha dirigencia política”.
María Elena Naddeo, secretaria general de la APDH, fue otra de las oradoras de esa conferencia, que se realizó en el auditorio de ATE, y admitió la impotencia que le genera la situación de Milagro. “No sabemos más qué hacer. El cuerpo de Milagro está diciéndonos que no da más. Por eso tenemos que ir por su libertad, por la de ella, por supuesto que por la Cristina Kirchner y la de todos los presos políticos”, señaló y añadió: “Hoy Milagro Sala se quiere dejar morir y no lo podemos permitir. Por eso hoy reclamamos con urgencia su libertad”, añadió.
Diez años de persecución
Durante años, la organización Tupac Amaru, que lideraba Milagro, fue una fuerza imparable en Jujuy, con obras (barrios, escuelas, parques), y miles de personas movilizadas por toda la provincia que eran vistas por la dirigencia política y empresarial tradicional como un obstáculo.
El 16 de enero de 2016, Milagro fue detenida cuando su organización realizaba un acampe para pedir una reunión al recientemente electo gobernador Gerardo Morales, con quien estaba enfrentada desde hacía años. Sin las mínimas garantías del debido proceso, lograron mantenerla presa con prisiones preventivas extendidas y nuevas causas. A fines de ese año, llegó la primera condena: tres años de prisión por un escrache al propio Morales en 2009. En 2019, vinieron otras dos condenas y en 2022 la Corte Suprema de Justicia convalidó todo el proceso de persecución con un fallo que unificó las penas.
Ante esta situación, organismos de Derechos Humanos recurrieron a la CIDH, que en 2017 constató que existía una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo sobre la salud física y psíquica de Milagro y ordenó al Estado argentino adoptar las medidas necesarias para proteger su vida, su integridad personal y su salud, entre ellas que cumpliera la prisión preventiva en su casa.
La llegada de un gobierno peronista en 2020 no significó una mejora. Naddeo, de APDH, relató en la conferencia que mantuvieron reuniones con Alberto Fernández en las que se negó a indultarla por temor a ser denunciado.
En esos años su salud se deterioró notablemente y sufrió, además, la muerte de su esposo, Raúl Noro, y de uno de sus hijos, ambos en 2023.
A partir de 2024, el gobierno libertario volvió a la carga contra ella con dos presentaciones ante la CIDH para, a partir de un supuesto incumplimiento de su prisión domiciliaria, reclamar que se levantara la protección y que la dirigente vuelva a la cárcel. Por ahora, sólo lograron una parte de su objetivo. «
