A pesar de la feria, continúa el hostigamiento judicial contra Milagro Sala

A pesar de la feria judicial, en Jujuy continúan con el hostigamiento judicial contra Milagro Sala, detenida desde hace dos años. A pocos días de cumplirse dos años de su detención, la dirigente social fue denunciada por lavado de dinero y se realizaron 21 allanamientos simultáneos: allanaron por cuarta vez su domicilio real en la calle Gordaliza, en el barrio de Cuyaya, y enviarán máquinas excavadoras a la localidad de El Carmen para buscar dinero que, aseguran, estaría enterrado.

“Necesitan seguir con el show de Milagro Sala para tapar lo que sucede en Jujuy. Un gobierno que no da respuestas a los trabajadores, que tiene permanentemente funcionarios envueltos en escándalos, como el asesinato del estudiante Matías Puca, o el reciente incidente que protagonizó el ahora renunciante Director de Juventud, Matías Rivera”, señalaron desde la Tupac Amaru.

Desde la defensa de Milagro, cuestionaron que la causa se inicie en la feria judicial y consideraron que la Justicia de Jujuy “sigue al servicio del gobierno provincial como instrumento de persecución política”.

“Tras la absolución de Milagro en la causa de las bombachas, impulsan en plena feria una denuncia que se realizó en febrero del año pasado, emiten la orden de allanamiento el 29 de diciembre y la ejecutan ahora. Se repite lo mismo que hicieron el año pasado, cuando en pleno enero iniciaron una causa vinculada con hechos de años anteriores, sin que mediara, como en este caso, urgencia alguna. Necesitan mantener el mito de la Milagro ladrona, de la Milagro violenta que no pueden sostener en los procesos judiciales en su contra”, señalaron sus abogados.

La nueva causa está caratulada como “Lavado de Activos” y tiene como imputados a Milagro Sala, a Raul Noro, a Guillermo Fiad, a Gladis Diaz, a Mirta Rosa Guerrero, a Marcos Quispe y a Tito Fredy. El juez actuante es Isidoro Cruz y el fiscal Darío Osinaga, el mismo que no pudo fundamentar la condena que pidió contra Milagro Sala en el juicio de las bombachas.

“Mientras el Estado nacional sigue incumpliendo con la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la dirigente social, que ordenó que se le otorgue la prisión domiciliaria en su residencia habitual o medidas menos restrictivas a sus derechos, y el Poder Judicial jujeño continúa sin dar curso al fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió en diciembre en el que ordenó cumplir de modo cabal la medida de la CorteIDH, ahora embisten otra vez contra la dirigente”, señaló la organización en un comunicado.