Unas 600 personas exigen al Estado responsabilidad, iniciando la Campaña Nacional contra las violencias hacia las mujeres.
El acampe es parte de la Campaña Nacional Contra la Violencia a las Mujeres y está integrado por organizaciones populares, feministas, colectivos LGTTBI, estudiantes, trabajadoras y precarizadas, que según explican «venimos dando la batalla contra el machismo en cada espacio que construimos, fomentando la organización, fortaleciéndonos y creando nuestras propias herramientas para enfrentar la violencia cotidiana.»
A las 13 del miércoles, las autoridades recibieron el pliego petitorio con el pedido de las organizaciones exigiendo responsabilidad por parte del Estado, en el marco de una grave preocupación por el aumento de la cifra de feminicidios de abril: 28 mujeres asesinadas por varones.
«Hay una desprotección importante por parte del Estado: las mujeres violentadas no reciben contención económica para autonomizarse y salir de la situación de violencia», dice una vocera de prensa y agrega que «la violencia machista es un problema estructural ante la falta de políticias públicas».
Hasta el momento se registraba un femicidio cada 30 horas, pero en lo que va del 2017 esa cifra se incrementó hasta llegar a una mujer asesinada cada 18 horas en manos de un varón violento. A esto se le suma un promedio de 200 denuncias diarias por violencia de género en la línea telefónica 144; el acoso callejero; la violencia institucional, que nos revictimiza y defiende al violento; la violencia mediática que reproduce discursos misóginos, avalando la cultura de la violación y poniendo a las mujeres en el lugar de objeto; la violencia económica, que nos condena a vivir en una situación de mayor precariedad por la dificultad de acceder al mercado de trabajo y, cuando lo hacemos, muchas veces nos encontramos sin derechos laborales y restringidas a pocas oportunidades y oficios, sumado a la persistencia de la brecha salarial respecto a los varones así como también las limitaciones que tenemos a la hora de acceder a una vivienda propia y digna.
Algunos de los puntos que se exigen son la Ley de emergencia en violencia de género, un mayor presupuesto el abordaje integral de la violencia, fortalecimiento de los programas de Educación Sexual Integral (ESI), capacitación en perspectiva de género a agentes del Poder Judicial, entre otros pedidos, como el de un buen tratamiento de las noticias en los medios de comunicación.
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