La colectiva de actrices realizaron una potente conferencia de prensa sobre el escenario de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Además cuestionaron la inclusión de la objeción de conciencia institucional y responsabilizaron a la iglesia por ejercer presión para esta modificación.
“Sabemos que la ampliación de derechos por la que venimos luchando implica acortar privilegios, por eso decimos basta de hipocresía y doble moral: ratificamos nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”, señalaron en un texto que fue leído desde el escenario de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.
La lectura estuvo a cargo de las actrices Nancy Duplaa, Thelma Fardin, Muriel Santa Ana y Laura Azcurra, entre otras.
Mientras en el recinto avanza el debate, que llevaba más de 10 horas, en torno al proyecto, afuera, sobre el escenario montado en avenida Rivadavia, las actrices aseguraron que “en Argentina se realizan aproximadamente 1.300 abortos por día”.
“Se calcula una cifra que oscila entre 370.000 y 520.000 por año; miles de estos abortos son de niñas menores de 15 años”, agregaron. “Sabemos que abortan mujeres y personas gestantes de todas las clases sociales, edades, contextos, educación y creencias religiosas y que cuando toman la decisión de hacerlo prefieren arriesgarse a morir antes que seguir adelante con esa gestación”, añadieron.
No obstante, resaltaron que “en estas cifras no figuran aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social”.
Destacaron que, “encabezados por las iglesias, los sectores que se oponen a la promulgación de esta ley largamente demorada, son los mismos que presionaron para impedir el divorcio, la ley de matrimonio igualitario y son los mismos que se oponen a las políticas de educación sexual integral, salud reproductiva y anticoncepción”.
Además, señalaron que cada día, en Argentina “7 niñas entran a una sala de partos a pesar de tener derecho al aborto por causales, vulneradas en todos sus derechos, traumatizadas primero por sus abusadores y luego por quienes deberían velar por su integridad”.
En ese contexto, cuestionaron la inclusión en el dictamen a votar de la objeción de conciencia institucional “por presión de la iglesia” por temor a que “termine siendo un instrumento para impedir el real cumplimiento de la ley, como viene sucediendo con la interrupción legal del embarazo que rige desde 1921” en el Código Civil.
Por último, destacaron que la aprobación de la ley “no será el triunfo de un gobierno o un partido, será el triunfo de la lucha histórica que hoy es una inmensa marea verde y no tiene vuelta atrás”.
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