La reunión entre los procuradores dejó como resultado la firma de un memorándum que abre las puertas a la conformación de equipos binacionales de investigación. El primero podría aplicarse al caso Odebrecht.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y su par de la República Federativa del Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, firmaron un Memorándum de Cooperación Inter institucional entre ambos ministerios públicos para intercambiar experiencias, técnicas de investigación, negociación, litigio e información -cuando ello sea posible- en el marco de investigaciones y procesos penales. Además, prevé para impulsar, cuando sea necesario, «la conformación de equipos conjuntos de investigación, herramienta fundamental en materia de cooperación jurídica internacional, conforme lo establecido en las Convenciones internacionales de las cuáles son parte».
El encuentro de ambos procuradores se produjo en el marco de la investigación del caso Odebrecht, el mayor caso de corrupción de la región, a partir de la delación premiada de un conjunto de altos ejecutivos de la empresa que, en el capítulo argentino, incluye el pago de 35 millones de dólares en sobornos. El caso es investigado en el país por tres juzgados, razón por la cual hace una semana los fiscales Carlos Stornelli, Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) viajaron a Brasil para iniciar contactos con sus pares de ese país.
En su clausula quinta, el documento firmado por Gils Carbó y Janot expresa el compromiso de ambos Ministerios Públicos para promover el envío de documentación espontánea o denuncias internacionales, cuando tomasen conocimiento sobre hechos que podrían ser investigados en el otro país.
En materia de corrupción, conforme la normativa convencional y en concordancia con la Declaración de Brasilia del 16 de febrero de 2017, los ministerios públicos de Argentina y Brasil acordaron trabajar en forma coordinada y cooperar de manera amplia y rápida con el objeto de perseguir cualquier manifestación de corrupción que se produzca en sus países, especialmente en el marco de la Convención de Mérida», expresó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado.
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