El ex presidente catalán seguirá en Bélgica. Fue acusado ante la Audiencia Nacional junto a 13 ex consejeros de su gobierno.
La resolución fue anunciada desde Bruselas por su abogado, Paul Bekaert, cuya estrategia es «esperar» e impugnar un eventual pedido de extradición para que el ex presidente sea entregado por Bélgica a España, una vez que la Justicia española dicte una orden de detención en su contra.
«Hemos decidido no presentar la solicitud de asilo, sino impugnar cualquier extradición ante el tribunal», afirmó Bekaert esta madrugada en declaraciones al programa ‘The World Today’ de la cadena de televisión flamenca VRT.
Tal como señaló ayer Puigdemont en conferencia de prensa en la capital belga, el letrado dijo que no cree que existan garantías para que su cliente reciba un «juicio justo» en España.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó a declarar en calidad de investigados a Puigdemont y a los 13 ex consejeros de su cesado gobierno para el jueves y viernes a partir de las 9 de la mañana horario local por la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, que le atribuye delitos que conllevan penas graves de presión.
En la querella, el Fiscal solicita que en caso de que los acusados no se presenten a la comparecencia se dicte una orden de detención. Los 14 acusados deberán depositar en un plazo de tres días una fianza solidaria de 6,2 millones de euros para responder a posibles responsabilidades civiles.
El cerco judicial a Puigdemont y al resto de dirigentes secesionistas se estrechó después de que el viernes pasado el Parlamento catalán declaró la independencia y el gobierno español intervino la norteña región, destituyendo al Ejecutivo regional y convocando elecciones anticipadas para el 21 de diciembre.
El lunes Puigdemont viajó de incógnito a Bruselas ante el anuncio de la Fiscalía de la presentación de la querella en su contra y entre rumores de que iba a solicitar asilo en Bélgica, una posibilidad que su abogado no descarta pero que difícilmente prosperaría.
El ex presidente catalán es un ciudadano de un país miembro de la Unión Europea (UE) y los tratados del bloque consagran que sus integrantes constituyen recíprocamente países de origen «seguros» en cuestiones de asilo.
No obstante, el líder secesionista aseguró ayer en una multitudinaria conferencia de prensa ante medios internacionales que no estaba en Bélgica para solicitar asilo pero se quedaría allí para actuar con «libertad y seguridad» y que tampoco regresaría a España hasta tener «garantías».
Puigdemont subrayó que acudió al «corazón de la UE» para evidenciar el problema catalán y el «déficit democrático» que se da en el Estado español, donde la Justicia lo persigue por sus «ideas» y no por «un delito».
Al menos dos ex integrantes del gobierno catalán que acompañaban a Puigdemont en la capital comunitaria regresaron anoche a Barcelona en medio de una gran expectativa mediática.
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