El jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, hizo referencia a su situación judicial durante el informe de gestión.

“Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, expresó, y completó: “Se concluyó que la documentación vinculada al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad”.
Asimismo, el funcionario destacó que la causa fue archivada por la justicia y subrayó que “la misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”. “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado y que no existió incumplimiento en su invitación”, aseveró.
Esto prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, añadió desde Diputados, y completó: “Pedí disculpas a los argentinos, entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Estas disculpas han sido utilizadas por algunos como una herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno, lo cual no me sorprende”.
Por otra parte, Adorni pidió dividir sus gastos privados del público y diferenciar las actividades de su vida privada con “actos de gobierno”. “Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, expresó.
“El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones. Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas. Tendenciosas y falsas”, aseveró.
Además, se comprometió a presentar la nueva declaración jurada, con fecha de vencimiento el 31 de julio, en la que detalla su patrimonio integral. “Las autoridades judiciales son las competentes para investigar y conocer en todas las denuncias presentadas. También, las actuaciones que se encuentran en trámite ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado y han sido puestas a disposición de la Justicia”, especificó.
“Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, se expidió el funcionario, y rechazó contrataciones entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío.
Por último, desmintió la existencia de contratos entre el Estado y Bettina Angeletti, “ni directa ni indirectamente”, y sostuvo que “no existe ni existió incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la Ley de Ética Pública o en sus reglamentaciones”.
“Nunca un Gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario, los funcionarios anteriores hoy cuentan con condenas firmes y participan de un espacio político que hoy quiere simular una igualdad de condiciones”, afirmó, y concluyó: «Han sacado conclusiones equivocadas y quiero ser más claro todavía: no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.
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