Ajuste en el sistema público y negocio inmobiliario, las claves para la aprobación de la UniCABA

¿Por qué el gobierno porteño se empecinó en votar la ley de la Universidad Docente de la Ciudad (UniCABA), a pesar de tener a toda la comunidad educativa y a los nueve bloques de la oposición en la Legislatura en contra? ¿Por qué el apuro de aprobarla sin consenso ni debate, y sin siquiera establecerle un presupuesto y una sede para funcionar? Estas preguntas se formulan todavía docentes y alumnos de los 29 profesorados que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta quiere sentenciar a una muerte lenta e ineludible. Coinciden en una hipótesis: por un lado, se busca desfinanciar al sistema educativo público, a favor del privado, y al mismo tiempo generar un negocio inmobiliario con la venta de los terrenos donde hoy funcionan los institutos. 

El jueves, con la Legislatura vallada y la Policía de la Ciudad reprimiendo, los 34 legisladores de Vamos Juntos aprobaron la ley. Ni siquiera contó con los votos de sus aliados de Evolución. El proyecto habla de que “coexistan” (y compitan) la UniCABA y los profesorados, aunque no por mucho tiempo. Una Agencia Evaluadora se encargará de vigilar cada profesorado para analizar cuál merece continuar y bajo qué parámetros.

La ley no estipula un presupuesto para la UniCABA. Apenas deja entrever que saldrá del presupuesto 2019 para Educación, que ya tiene los fondos asignados para el resto de las áreas de la cartera. En ese caso, deberán quitarle montos a otros programas. Y sólo los profesorados públicos serán examinados por la Agencia Evaluadora. Los privados (sobre todo los 20 eclesiásticos) estarán exentos, tanto de ese control como de la necesidad de actualizar el sistema informático de administración que deberá llevar a cabo cada instituto público, según dictamina la flamante ley. Según el Ejecutivo, es para conocer la cantidad de alumnos y docentes que tienen los profesorados. Pero como la matrícula está ligada a los subsidios, el recorte a los profesorados puede ser otro puñal para su lenta disgregación.

Maximiliano Ferraro, el legislador de Vamos Juntos que llevó el tratamiento de la ley durante todo el año en la comisión de Educación, aseguró que “están garantizados los principios de autonomía y autarquía y todo se organizará a través de un rector organizador”. Lo que no mencionó es que la nueva universidad docente tendrá un primer rector y comité directivo elegidos por el Ejecutivo, por lo que la autonomía no se estaría cumpliendo. Las primeras inscripciones arrancarían en el segundo semestre de 2019, para que empiece a funcionar en 2020.

Patricia Simeone, rectora del Instituto Superior Joaquín V. González, remarcó el problema de la validez de los títulos: “El título de cualquier universidad tiene validez jurisdiccional hasta que lo apruebe la CONEAU. Los profesorados ya la tenemos. En cambio el promedio para darte una nueva validez como universidad es de cinco a seis años”.

La rectora de la Escuela Normal Superior 1 y vicepresidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE), Débora Kozak, advirtió que “hace ya un buen tiempo se vienen sufriendo ajustes: el gobierno nos sacó horas destinadas a investigación, quitó becas, y también en la infraestructura. Tenemos las instituciones en estado deplorable. En medio de todo esta situación, con miles de vacantes, cierre de jardines y recortes educativos, sancionan esta ley que habilita a afectar el presupuesto de cualquiera de los niveles educativos para financiar esa universidad”.

También los contenidos están en jaque. Temen que se generalicen los temas, se borren contenidos que tienden a la formación de sujetos críticos, y se pierdan especificidades y planes actuales de investigación. “En las Normales hay una unidad académica con Jardín y Primaria, donde aplicamos lo aprendido en la carrera, con prácticas innovadoras, como la inclusión de tecnología en el nivel inicial. Eso jamás se podría hacer con la universidad”, remarca Kozak.

Mientras tanto, la pelea de la comunidad educativa comienza a transitar el sendero judicial. Ya se anunció la posibilidad de presentar una demanda colectiva que declare la inconstitucionalidad de la norma. Ya había un amparo a favor que le ordenó al gobierno porteño informar, en un plazo de diez días, detalles sobre la creación de la UniCABA. En el medio, se aprobó la ley. “Iremos por todos los canales legales, queda mucho por hacer y demostrar, seguimos diciendo No a la UniCABA”, enfatiza Simeone.

Las miradas también apuntan al negocio inmobiliario. El primero que disparó la alerta fue el anuncio del traslado y venta del terreno del Romero Brest, referente en la enseñanza de educación física, en Núñez. Otros profesorados, como el Alicia Moreau de Justo y el Normal 1, son Monumentos Históricos. “Es clarísimo para nosotros que hay una intención de negocio inmobiliario. Puede correr riesgo cualquier institución, es completamente factible y está acreditado con el traslado del Romero Brest, que está en buenas condiciones –resalta Kozak–. Lo que les interesan son los edificios. El nuestro es de 1874. Junto con el Mariano Acosta, son las instituciones creadas por Sarmiento adonde vinieron las primeras maestras llegadas de Boston. Tiene una tradición centenaria en la formación docente. Hasta tenemos un archivo histórico con cartas de Sarmiento y Rosario Vera Peñaloza. Es patrimonio pedagógico y también cultural, que con esta ley está en riesgo”. «