La acción judicial se dio en el marco del ataque del Gobierno de Javier Milei a la Asociación del Fútbol Argentino.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay y ejecutado por la Prefectura Naval, en busca documentación de las operaciones entre la empresa de Faroni y la AFA.
González Charvay investiga el manejo del dinero por parte del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a quien se le adjudica la propiedad en ubicada en el municipio de la Zona Norte del conurbano bonaerense.
TourProdEnter había firmado un acuerdo con la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia, para que administre sus fondos en el exterior. A partir de eso, el juez investiga el desvío de fondos a entidades fantasmas.
El Gobierno había dispuesto el lunes último una intervención en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días, con el objetivo de relevar documentación, revisar balances, contratos y operaciones financieras.
Esa decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un pedido previo de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información contable y administrativa.
Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA.
Su tarea incluirá la elaboración de un informe final, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes.
Entre los puntos que deberán analizar figuran los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales, la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y las relaciones comerciales con firmas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
La AFA, por su parte, compartió un comunicado en donde aseguró que «no se llevó a cabo ningún allanamiento» en sus sedes y que solo fue «una requisitoria de documentación«, en el marco de actuaciones legales en curso.
«En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso. El flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarrolla con absoluta normalidad», fue la explicación de la AFA.
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