El juez Guillermo Díaz Martínez prohibió además continuar con las cuestionadas auditorías y dio un plazo de 24 horas a la Agencia para reestablecer todas las pensiones no contributivas que fueron suspendidas en esa provincia. Además, quién es el nuevo subdirector nombrado por el Ejecutivo.
El juez Guillermo Díaz Martínez prohibió además continuar con las auditorías y dio un plazo de 24 horas a la ANDIS para reestablecer todas las pensiones no contributivas que fueron suspendidas en Catamarca. Así, el Juzgado Federal N° 2 de esa provincia hizo lugar a una medida cautelar.
El fallo respondió a una acción de amparo impulsada desde la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Catamarca y varios ciudadanos de forma independiente.
En su demanda conjunta reclamaban que el procedimiento de auditorías se atuviera a los parámetros constitucionales y legales y que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 843/24, que modificó los requisitos para acceder a las pensiones.
Los cuestionamientos por el modo en que se venían realizando las auditorías se dieron en distintos puntos del país. Incluso, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó al Estado por haber omitido datos detallados sobre esos procedimientos, requeridos mediante un pedido de acceso a la información pública.
Además, hubo denuncias por graves irregularidades en Misiones, donde se detectó que militantes libertarios falsificaban la firma de un médico en las auditorías para definir quitas de pensiones. Una de las personas a cargo de esos operativos intentó agredir al equipo periodístico que la filmó.
En Catamarca, según consta en la causa, la baja de pensiones comenzó en julio. La mayor parte de las personas afectadas se enteró por la interrupción abrupta del pago de la pensión. Quienes recibieron notificaciones por carta documento dijeron –según consignó Ámbito Financiero- que presentaban un lenguaje técnico complejo y, según los denunciantes, incluían defectos en los requisitos exigibles.
Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia, Diego Spagnuolo, sobre un entramado de coimas que involucraba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Gobierno dispuso la intervención de la ANDIS. El ministro de Salud, Mario Lugones, designó como interventor a Alejandro Vilches.
La semana pasada circularon versiones sobre un freno en las auditorías y el recorte de pensiones, hasta tanto culmine la auditoría general sobre la Agencia dispuesta por el interventor. Pero desde la cartera sanitaria nacional dijeron a Tiempo que tal parate no existía. Que a lo sumo podían existir demoras por los allanamientos y medidas judiciales dispuestas a partir de la investigación abierta tras los audios. Pero que los procedimientos para concretar el ajuste seguían en curso.
Las largas filas de personas con discapacidad y familiares reclamando contra el recorte en las sedes de ANDIS así lo confirmaban. La quita de pensiones continuaba, pese a las sospechas de corrupción y coimas sobre la Agencia. Ahora, la Justicia de Catamarca dispuso un freno que podría implicar un precedente para que ocurra en otras provincias.
En las últimas horas, además del fallo judicial, se supo que el Gobierno nacional oficializó la designación Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo de ANDIS. Lo hizo a través del Decreto 666/2025 publicado en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.
Scigliano es licenciado en Ciencia Política, especializado en estudios políticos, y cuenta con experiencia en áreas de transparencia y modernización del Estado, según su currículum. Fue Director Nacional de Transparencia en la Secretaría de Políticas Públicas de Bienestar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, trabajó en la Agencia Nacional de Discapacidad y en el Ministerio de Salud. En junio último se incorporó a la “Comisión ad hoc para la Revisión y Modernización de las Estructuras Institucionales de los Organismos Descentralizados”, creada por resolución 1876/2025 en la cartera de Lugones. Se trata de una comisión para avanzar en la “desburocratización administrativa”.
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