El ex jefe del Ejército había sido acusado de espiar al periodista de Clarín, Daniel Santoro a partir de dichos públicos del ahora gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Los detalles increíbles de una causa insostenible que el propio Bonadio intentó cerrar 3 años antes.
En rigor, se trata de una vieja denuncia formulada por el director de un sitio de internet, “El informador público”, Carlos Alfredo Tórtora, quien reconoció que su fuente de información habían sido publicaciones periodísticas.
La denuncia indicaba que “a partir del año 2009 se habrían producido de manera ilegal, en el seno del Ejército Argentino, actividades de inteligencia interna sobre partidos opositores y sus líderes para lo cual se habría empleado una red de inteligencia paralela y con el presunto objeto de complementar la información e inteligencia que la Secretaría de Inteligencia le provee a aquella Fuerza Armada”.
“Para cumplir tal cometido –añadía la denuncia-, Nilda Garré le habría otorgado al General Milani el manejo de los fondos reservados de gran volumen, los que provendrían de partidas secretas correspondientes a la Armada y a la Fuerza Aérea destinadas a la realización de actividades de inteligencia y adquisición de material de carácter secreto, que a partir de 2008 habrían sido entregadas al Ejército”.
Según la denuncia, Milani “dispondría de una caja de fondos reservados que manejaría discrecionalmente y ascendería a una suma mayor a 15 millones de pesos, respecto de cuya ejecución no se guardarían comprobantes de gastos”.
Absolutamente nada de eso se pudo siquiera mínimamente probar.
Tanto es así, que el 3 de junio de 2016 el propio Bonadio había dispuesto archivar la causa, pero la Cámara Federal revocó la decisión y ordenó llamar a testimonial a Santoro, Morales, una ex cuñada de Milani y a Stiuso, “quien habría manifestado públicamente sobre hechos vinculados a los investigados”.
Santoro dijo que una “fuente” le contó que “Milani habría nombrado un suboficial para seguirlo e investigarlo”. Cuando el juez intentó profundizar el dato, el periodista “indicó que su fuente no recordaba el nombre del agente en cuestión”.
Morales, por su parte, declaró “que su computadora personal y su correo electrónico habrían sido violados en varias oportunidades”.
La computadora fue peritada por expertos judiciales “y se concluyó que no se pudieron detectar sobre dicha computadora maniobras compatibles con accesos no autorizados a los archivos o documentos contenidos”.
Stiuso, en tanto, explicó que en el mundo del espionaje existían “valijas para realizar escuchas clandestinas, y que en unos de los puntos en donde detectaron la presencia de una valija era en el edificio Libertador”.
Bonadio allanó el edificio y no encontró nada. Menos aún: esos equipos sólo los compran los gobiernos (no se venden a particulares) y el gobierno argentino nunca compró uno de esas características.
“No ha sido posible verificar los extremos fácticos que fueran denunciados en la presente investigación, de modo tal que me permita efectuar una imputación formal contra una persona determinada”, sostuvo Bonadio, en una resolución firmada el 30 de diciembre de 2019 y notificada en las últimas horas.
La libertad de expresión no puede confundirse con la libertad de degradar.
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