Anuario de las decisiones de la Corte que cruzaron la frontera de los otros poderes

El vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial enfrenta su peor momento desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández. Este último año estuvo signado por el cambio de ministro, enfrentamiento abierto de la Corte Suprema en medio de la pandemia, y un final virulento, tras la viralización del video de un exministro de María Eugenia Vidal que expone el vínculo férreo que mantienen sectores del mundo judicial, la oposición y los servicios de inteligencia.

El 9 de marzo el propio Alberto Fernández anunció de manera pública que su amiga y ex socia Marcela Losardo dejaría de ser su ministra de Justicia. Era el movimiento ministerial más anunciado desde que asumió. Quizá por eso el presidente se tomó 30 días para designar a su sucesor, Martín Soria, quien juró el 29 de marzo.

La etapa de amor no correspondido se terminaba. El presidente veía cómo naufragaban sus dos propuestas para el sector: su reforma judicial -que cuenta con media sanción del Senado y nunca se trató en Diputados- y la propuesta de que el juez Daniel Rafecas suceda al todavía interino procurador Eduardo Casal.

A principios de mayo, en plena segunda ola de covid, cuando la llegada masiva de vacunas todavía estaba atorada en un embudo, el gobierno sufrió un revés, hasta entonces inesperado. A través de un fallo a favor de las clases presenciales, la Corte Suprema intervino en la discusión sanitaria. Con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el máximo tribunal hizo lugar a la demanda presentada por el gobierno porteño y aseguró que el decreto presidencial de necesidad y urgencia que ordenó cerrar las escuelas violaba la autonomía de la Capital Federal. La todavía jueza Elena Highton de Nolasco se abstuvo. Horacio Rodríguez Larreta no estaba solo. Lo secundaban los gobernadores peronistas Juan Schiaretti y Omar Perotti, con quienes había actuado de manera articulada a la hora desobedecer la estrategia sanitaria del gobierno nacional.

Los tres dirigentes comparten una característica común: son asesorados por el empresario de la comunicación política Guillermo Seita, quien también trabaja con Lorenzetti. De hecho, muchos medios tuvieron a mano y publicaron el fallo sanitario de la Corte antes de que saliera.

Pero fue en diciembre que todo se precipitó todo. El martes 7 la Corte destrabó el pago de deuda de Nación a Santa Fe por $100 mil millones. La semana anterior, Perotti había estado de recorrida por Buenos Aires y presentó un escrito a la Corte para acelerar el pago de la deuda que el Estado Nacional tiene con Santa Fe.

Ese mismo martes, Soria visitó a los cuatro supremos en su sede y les espetó: “Se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia. Todo ello, con el objetivo de llevar a cabo una persecución de dirigentes sin precedentes». Sus palabras de entonces suenan más fuertes tras la difusión en que Villegas pidió una «Gestapo» para los gremios.

También el 7 de diciembre, el Poder Ejecutivo presentó su proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que propone elevar de 13 a 17 los miembros ese organismo, por mesa de entradas del Senado. Una forma de anticiparse a lo que finalmente pasó una semana después: la Corte declaró inconstitucional la reforma del Consejo impulsada por Cristina Fernández en 2006, cuando era senadora, y exhortó al Congreso a dictar una nueva ley.  Y ordenó que, mientras tanto, se vuelva a un Consejo de 20 miembros con el presidente de la Corte a la cabeza.

Horas después llegó la repuesta del Ejecutivo. El 15 de diciembre, en el marco del Consejo Social y Económico, el presidente anunció que impulsará el debate público para lograr “el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal”, sostuvo Fernández. Horacio Rosatti le respondió a Alberto Fernández sobre una reforma de la Corte Suprema: “Sería bueno que nos consulten”.

Ya para Navidad, el Poder Judicial respondió con el desprocesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa de espionaje. Al día siguiente, la Cámara de Casación mandó a Cómodoro Py la causa en la que que están procesados el espía Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli. Y la pulseada continúa.