Los querellantes de la causa de aportantes truchos abierta en La Plata rechazaron hoy la competencia del juez federal con competencia electoral, Adolfo Gabino Ziulu, para unificar las actuaciones y quedarse con la investigación sobre el financiamiento irregular de la campaña de Cambiemos, que puede poner en jaque a la gobernadora María Eugenia Vidal.
Se trata de dos presentaciones que fueron realizadas hoy al mediodía ante el juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, para pedirle que “rechace el planteo inhibitorio suscitado por Ziulu y mantenga su competencia para entender en la presente causa”. Un escrito fue presentado por el grupo de vecinos de Villa Itatí, todos beneficiarios de planes sociales, que representa el abogado Luis Alén, y el otro, por los tres docentes de SUTEBA que fueron aceptados como querellantes la semana pasada, patrocinados por Pablo Manuel Vicente y Elizabeth Gómez Alcorta.
Hace una semana, Ziulu se declaró competente en respuesta a una inhibitoria articulada por los apoderados del “Pro-Propuesta Republicana”, y pidió a Kreplak y a su par del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital Federal, Sebastián Casanello, que le remitieran las actuaciones del caso. Les pidió además en su resolución que, si no estaban de acuerdo, se dirigieran a la Cámara Nacional Electoral para que dirima la competencia.
Entre los argumentos que usaron hoy los querellantes para rechazar la unificación de causas en manos de Ziulu están que los delitos que investiga Kreplak no se circunscriben a lo electoral sino que son de carácter penal como la falsificación de afiliación al PRO, la falsificación de constancias de aportes, la apropiación de identidad y también el origen del dinero aportado a la campaña del partido gobernante. Pero además, advierten que el PRO con su pedido de inhibitoria busca acumular las actuaciones en el juzgado electoral e intenta «obturar la investigación».
«Aquí se ha advertido la comisión de delitos que no son de competencia de los Juzgados Electorales sino de los Penales. No tendría ningún sentido que se tuviera que esperar hasta que se concluyeran las actuaciones en las que interviene el Juez Electoral Ziulu para que se pudiera investigar quién falsificó las constancias de aportes, haciendo figurar en ellas nuestros nombres y por lo tanto haciendo uso de esos documentos falsos, y apropiándose de nuestra identidad para fines que no decidimos ni quisimos, o quién las insertó en las declaraciones presentadas por la Alianza Cambiemos, o quién falsificó las constancias de afiliación al partido Pro», sostiene el escrito presentado por los vecinos quilmeños.
Agregan que «tampoco corresponde la intervención de la Cámara Nacional Electoral, ya que no está en discusión la facultad de los Tribunales Electorales para intervenir en las cuestiones que les atribuyen las leyes y que ya detalláramos, como tampoco deben estarlo las que competen a los Tribunales en lo Criminal y Correccional». Y advierten que, en caso de denegar el pedido parcial o totalmente, podrían acudir a la Cámara Federal de Casación Penal y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la vía del recurso extraordinario.
Por su parte, la presentación realizada por la defensa de los docentes de SUTEBA advirtió que el pedido fue originalmente realizado por apoderados del PRO con la intención de acumular las actuaciones en el juzgado de Ziulu. “El intento de los incidentistas (los apoderados del PRO) se encuentra a priori más ligado al intento de obturar la investigación”, advirtieron. Es por ello que no advirtieron razón jurídica para la inhibición requerida por Ziulu y solicitaron que se rechace. También dejaron sentado que “en el hipotético e improbable caso” de que no se haga lugar al planteo de los querellantes, acudirán al ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Los docentes son los últimos querellantes admitidos por Kreplak. Se trata de Claudia Arcioli, de Lomas de Zamora; Sandra Bosch, de Moreno y Gustavo García, de Vicente López, quienes también se encontraron en los listados de aportantes y aseguran no haber puesto un peso para la campaña. En su denuncia acusaron a la gobernadora Vidal, a la tesorera del PRO bonaerense, María Fernanda Inza, a los responsables económicos del partido Gabriel Maximiliano Sahonero y Darío Omar Duarte, y a los candidatos Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Héctor «Toty» Flores, de los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos y privacidad.
