Apuntan a dos aportantes en la causa Michetti

El juez federal Ariel Lijo decidió avanzar sobre el Grupo Farallón y sobre una fundación liderada por el cerebro judicial de Mauricio Macri en la causa en la que investiga el origen del dinero que le fue sustraído a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, la noche en que Cambiemos ganó el balotaje. Lo hizo a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, quien postuló una «ampliación del requerimiento de instrucción». ¿Qué significa eso? Que le pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que «con carácter urgente, remita los legajos correspondientes al Grupo Farallón SA y a la Fundación Pericles».

Según su propia página de internet, el Grupo Farallón «se fundó en 1985 como empresa constructora de obra pública y obra privada. A principios de los ’90 incursionó en el negocio del real estate. En 2007 retoma la actividad de construcción de obra pública, desde redes de infraestructura, arquitectura y viales. En la actualidad Grupo Farallón se encuentra trabajando tanto en el desarrollo de obras privadas como públicas». El principal referente es Eduardo Gutiérrez, a quien el juez federal Sebastián Casanello considera testaferro del detenido ex secretario de Obras Públicas del anterior gobierno, José López, sorprendido revoleando bolsos con nueve millones de dólares al interior de un monasterio.

¿Cuál es el hilo conductor desde López a Michetti, desde el gobierno anterior al actual, de un hombre del Frente para la Victoria a la alianza Cambiemos? Además de las eventuales relaciones personales, el vínculo parece centrado en los negocios, sobre todo los vinculados con la obra pública. Por lo pronto, el juez busca determinar si Farallón era benefactor de la Fundación SUMA –que preside Michetti-, en qué términos y condiciones y, sobre todo, si existía una contraprestación por esos aportes. Lijo busca papeles y, hasta ahora, según se desprende del tenor de sus preguntas a los testigos, encontró pocos.

La Fundación Pericles, en tanto, tiene como cara visible a Fabián Rodríguez Simón, alias «Pepín», uno de los hombres de mayor cercanía e influencia sobre Macri en cuestiones de Justicia. Cuando a poco de asumir el cargo el nuevo presidente intentó designar «en comisión» a Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz como jueces de la Corte, desde el propio tribunal señalaron a Rodríguez Simón como el autor intelectual de esa iniciativa.

Sobre Rodríguez Simón se tejen en tribunales cientos de especulaciones. Sobre sus actividades como abogado y las privadas. La Fundación Pericles no tiene página en internet. Es apenas un blog cuyo último post data de 2009 y es una feroz crítica a la Ley de Medios Audiovisuales, hoy caída en el olvido sin que otra ley la hubiera derogado.

Lijo aún no recibió las respuestas de la IGJ. De todos modos, estuvo muy entretenido en los últimos días. El viernes celebró con amigos y colegas sus 12 años como juez federal. Mientras en su despacho había tortas y una pequeña mesa dulce, en los medios repicaba la declaración del contador de Michetti, Marcelo Eduardo Domínguez. Propuesto por la vicepresidenta para explicar el origen del dinero que le fue hurtado, terminó reconociendo que había efectuado una donación para la Fundación SUMA, por 15 mil pesos en efectivo colocados en un sobre que entregó en mano a la hermana de la vice, Silvina Michetti. Pero no le dieron recibo. Antes, otro aportante a SUMA, el CEO de la filial argentina de la petrolera Gulf, Alain Vincent Dujean, había declarado lo mismo: 15 mil pesos, en efectivo, y sin recibo. Tiempo accedió a la declaración de otro testigo, el arquitecto Eduardo Manuel Raposo, encargado de las refacciones en el PH de Michetti cuando ocurrió la sustracción. Ante Lijo, describió que fue él quien contrató al albañil Mario Vargas «en forma verbal. No hubo contrato formal». «