Auditorías de ANDIS: el Gobierno de Misiones va a la Justicia para frenar la baja de pensiones por discapacidad

Por: Gustavo Montiel

Así lo anunció el vicegobernador misionero Lucas Romero Spinelli. “Vemos muchos derechos que están siendo vulnerados”, alertó el funcionario, y enumeró diversas irregularidades.

El Gobierno de Misiones anunció este jueves la presentación de un amparo ante la justicia federal para pedir que se frenen las bajas a las pensiones por discapacidad que llevó a cabo en esa provincia la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que encabezaba Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento por el escándalo de los audios.

En este contexto la administración provincial misionera aclaró que no está en contra de las auditorías, pero sí señaló que observan “muchos derechos que están siendo vulnerados” en esas revisiones que derivan, en muchas ocasiones, en la baja de pensiones no contributivas por discapacidad.

En conferencia de prensa, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli marcó: “Vemos muchos derechos que están siendo vulnerados, especialmente en las personas con discapacidad que reciben el beneficio de pensiones no contributivas. Desde el gobierno provincial lo venimos observando, especialmente desde la vicegobernación con el Consejo Provincial de Discapacidad. Hemos realizado cientos de gestiones, desde hace varios meses, en cuanto a los procedimientos que está llevando a cabo la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Según el funcionario, ya detectaron “cientos” de casos donde los damnificados padecieron diversas irregularidades durante las auditorías de la ANDIS. “Hemos detectado cientos de casos de intimaciones que nunca llegan al domicilio, de lugares que no existen, de personas que no van a verificar cuando la gente está, y ni hablar de cientos de personas que ni siquiera están en condiciones de movilizarse para recibir la auditoría”, acusó el vicegobernador misionero.

“¿Estamos a favor de las auditorías? Sí, por supuesto. Son necesarias. Pero sin vulnerar y socavar los derechos de las personas que más necesitan que estemos al lado, acompañando”, marcó Romero Spinelli.

“Luego de haber agotado todas las instancias, personales, por mail, las que ustedes se imaginen, durante más de doce meses de trabajo, a través de la licenciada Tatiana Antúnez del Consejo Provincial de Discapacidad vamos a estar presentando en las próximas horas una acción de amparo, una medida de no innovar para que vuelva al momento cero de todos aquellos misioneros que han perdido injustamente su beneficio”, anunció el funcionario, contador de profesión.

Reclamo y alejamiento político

A nivel nacional, en la sesión del Congreso de la semana pasada, los diputados del oficialismo misionero, dentro del bloque interprovincial Innovación Federal, se opusieron al veto del Ejecutivo nacional a la Emergencia en Discapacidad. También apoyaron el proyecto para transferir en forma automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, resistido por el gobierno presidido por Javier Milei.

Así, optaron por no respaldar al Gobierno nacional en dos de los tres vetos que impulsó el presidente Milei, en un giro táctico que tiene como telón de fondo la campaña para las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde el actual titular de la Cámara de Diputados misionera, Oscar Herrera Ahuad, ex gobernador misionero, encabeza la boleta de candidatos a diputados nacionales por el Frente Renovador de la Concordia.

En medio de esta panorama, el escándalo de corrupción desatado a partir de la difusión de audios del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo no hizo más que reforzar, al menos por el momento, el alejamiento político del gobierno misionero encabezado por el mandatario Hugo Passalacqua con respecto a la administración nacional.

Las presuntas fallas e irregularidades en las auditorías de ANDIS en diversas provincias prometen generar más reclamos judiciales. Por ejemplo, en Neuquén, la jueza federal Carolina Pandolfi ya ordenó a la ANDIS restituir la pensión contributiva a una persona con discapacidad que se presentó en el juzgado con la Defensa Pública. El hombre, de 63 años, denunció que nunca fue notificado que debía presentar documentación para la auditoría. A pesar de efectuar su descargo, desde ANDIS no le dieron certeza para retrotraer la situación.

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