Se trata del primer país europeo en tomar una acción a nivel nacional y suma un nuevo golpe contra Bayer-Monsanto, dueña de la marca RoundUp, la más vendida del mundo.
Otros países europeos han realizado prohibiciones parciales, pero esta acción es la de mayor contundencia. Probablemente, el hecho de que la agricultura orgánica ocupe un 23% de su producción, contra un promedio de 7% en el resto de los países de esa región, haya influido en que la propuesta del Partido Socialdemócrata (SPÖ) fuera aprobada por casi todos los bloques.
“La evidencia científica de un efecto cancerígeno del herbicida es irrefutable, por lo tanto, estamos solicitando una prohibición total del glifosato en aras del bien común”, había defendido en el debate legislativo la líder del SPÖ Pamela Rendi-Wagner.
La medida apunta contra el glifosato, que es comercializado por varias marcas, aunque RoundUp, de Bayer, es la más conocida y viene sufriendo varios reveses judiciales millonarios, tanto en Estados Unidos como en Europa. El “principio de precaución” se basa en que el herbicida es considerado un “probable cancerígeno» desde 2015 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El proyecto fue respaldado tanto por el ultraderechista FPÖ como por los liberales Neos y también por los progresistas Jetzt. Solamente, el conservador Partido Popular (ÖVP) votó en contra y calificó la ley de “populista” y de ser “una bofetada para todos los agricultores que usan esta sustancia de forma correcta”.
Dentro de la Unión Europea, la medida puede hacer ruido, por la prohibición nacional de un producto autorizado por la oficina regional, como es el caso del glifosato (hasta el año 2022, al menos), sin embargo, solo si mediara un juicio intervendría la UE.
Por supuesto, habría que ver si esto afecta de alguna manera el último acuerdo UE – Mercosur. La Federación Alemana de Agricultores (DBV, por sus siglas en alemán) ya se había pronunciado contra el pacto comercial por razones medioambientales. La DBV hace referencia a que las regulaciones de protección del medio ambiente y del clima, el uso de antibióticos y herbicidas que se exigen a los europeos no son iguales a las que se piden en esta parte del mundo.
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