La balanza oficialista sigue inclinando su fiel: entre beneficiar a los grandes empresarios accediendo a sus reclamos o reducir la angustia de la población, han ganado, nuevamente, las corporaciones.
Mauricio Macri explicó que vetó la Ley de Emergencia Laboral porque iba a generar «más pobreza». Sobre la oposición, expresó: «Ellos creen que los argentinos no podemos vivir en libertad y por eso nos proponen leyes que congelan el empleo, cepos al trabajo». Libertad absoluta para fijar precios, libertad para despedir, libertad para flexibilizar el trabajo, eso es lo que está implícito. Se dijo claramente en La Nación (20.05.16): el veto es, para Macri, «una manera de exhibir firmeza y mitigar dudas entre empresarios e inversores».
Los datos del Ministerio de Trabajo acaban de confirmar que entre enero y febrero de este año 108.944 trabajadores dejaron de recibir cobertura de seguridad social. Los que no han sido despedidos, habrán pasado al mercado informal. Muy distinto a lo sucedido entre febrero y diciembre de 2015, cuando se incorporaron al trabajo registrado 348 mil trabajadores. Irónicamente, el ministro de la Producción aseguró que «falta demanda de empleo» en el sector privado, aunque remarcó que «no hay una crisis laboral».
¿Qué propone el gobierno para fomentar el empleo? Convenios como el que firmó con McDonalds que «establece la capacitación laboral de hasta 5000 mujeres y hombres de entre 18 y 23 años pertenecientes a sectores en vulnerabilidad social, a través de un esfuerzo compartido entre la Nación y la empresa». Según el ministro Triaca: «Queremos reconstruir la cultura del trabajo y la movilidad social ascendente». Los 4500 pesos por trabajador por 30 horas semanales difícilmente puedan cumplir con las aspiraciones del ministro. No es más que la formalización de empleo flexible: salarios mínimos para los pobres e importantes ganancias para las empresas multinacionales es lo que nos ofrecen las políticas laborales de Macri.
El reciente aumento del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) fue decepcionante. Recordemos que la última actualización fue en agosto de 2015, por la cual se fijó en $ 5588, incrementándose a $ 6060 a partir de enero de 2016. El SMVM llegará a fin de mayo con una pérdida de poder adquisitivo del 20% en relación a la cifra de agosto de 2015. Respecto a esta última, el nuevo SMVM que regirá a partir de junio, de $ 6810, ya comienza la carrera contra los precios con una pérdida del 11% de su poder de compra. La balanza sigue inclinándose, más aún cuando las tarifas se disparan -cerca del 1200% en gas y del 1000% en agua- y el SMVM y los salarios de algunos convenios colectivos suben escalón por escalón.
Los fondos de los jubilados
Se firmó el acuerdo entre la Nación y las provincias para la devolución «progresiva y escalonada» del 15% de retención de la coparticipación federal destinada al Sistema de Seguridad Social. Las provincias sólo obtuvieron el 3% (monto del cual la Nación puede descontar hasta la mitad por deudas pendientes) y hasta un 6% con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El crédito se cancelará en cuatro años y tendrá una tasa de interés subsidiada del 15% en los primeros dos años (LN 18.05.16). Ante una tasa tan baja, no se escuchó ni leyó que los medios monopólicos salieran a indicar que entregaban «los fondos de los jubilados». Esta muletilla la utilizaron hasta el cansancio cuando el gobierno de Cristina Fernández financiaba el Pro.Cre.Ar a través del FGS, con créditos respaldados por hipotecas sobre nuevas viviendas. Cabe señalar que este avance en la devolución de los impuestos retenidos seguramente afectará los ingresos previsionales, y por lo tanto la fórmula del ajuste de las jubilaciones y la AUH. Para que esto no suceda, los fondos que se reintegren deben salir de las rentas generales. Este fue el principal objetivo del decreto 2635/15 de Cristina, que devolvía el 15% pero sin desfinanciar a la Anses.
Similar discusión sucede en otras latitudes. El presidente en funciones de España, Mariano Rajoy, calificó de «auténtico disparate» que se proponga crear un impuesto específico para garantizar las pensiones, y ofreció como alternativa las medidas para crear empleo que recoge su programa, es decir, más flexibilización.
Rajoy, un amigo ideológico de Cambiemos, es «el peor presidente de la democracia» según El País (20.05.16). Algunas de las razones: es el mandatario «que menos ha subido las pensiones públicas desde 1975: tan sólo el 1% en cuatro años»; tras su reforma laboral, la masa salarial se ha desplomado el equivalente al 3% del PBI; «es el primero en meter a la economía en deflación agravando la crisis de deuda».
Este es un espejo en el cual mirar el futuro de las acciones del gobierno. Mientras tanto, al presentar el veto a la ley antidespidos, Macri comentó que «en un año vamos a ver los frutos de este camino», dejando de lado la promesa de la recuperación para el segundo semestre de este año, con la que tanto se insistió. Una mejora que cada vez se aleja más en el tiempo y que con las políticas en curso cada vez más se aleja más, como el final del arco iris.
