El femicidio de Berta Cáceres fue un crimen político y corporativo

El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres no fue un crimen pasional ni un hecho aislado. Fue la ejecución final de un plan corporativo meticuloso, financiado con dinero de bancos de desarrollo internacional y ejecutado por una red que incluyó sicarios entrenados, militares activos, periodistas pagados y la complicidad estatal. Así lo concluye el Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado a casi una década del crimen que conmocionó al mundo.

«El asesinato de Berta Cáceres es resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación que incluyó sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de DESA, así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado”, afirmó el informe de GIEI Honduras.

La mecánica del crimen: de los cheques del BAC

El informe desmenuza el engranaje financiero que hizo posible el crimen. Aproximadamente el 67% de los fondos del proyecto Agua Zarca –unos 12.4 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO)– fueron desviados para actividades ilícitas. Estos fondos no solo pagaron sicarios, sino que compraron silencio, manipularon la verdad y corrompieron instituciones.

Los cheques de la muerte

En las 48 horas posteriores al asesinato, se cobraron tres cheques del BAC por 500,000 lempiras, monto que coincide exactamente con la confesión del sicario Mariano Díaz Chávez sobre el pago por el crimen. Los cheques, cobrados por empleados «de confianza» de DESA cuyos salarios no justificaban tales transacciones, revelan una estructuración deliberada para evadir controles antilavado.

La desinformación pagada

Paralelamente, DESA ejecutaba una campaña de intoxicación mediática. El experto del GIEI, Pedro Biscay, reveló que «la empresa de los Atala Zablah hizo pagos con fondos de los bancos internacionales a periodistas, policías, compra ilegal de tierras, funcionarios y medios de comunicación». Periodistas como Arístides Aceituno de Hondudiario y Ángel David Muñoz de HCH recibieron pagos directos para criminalizar a Berta, publicando artículos que la tachaban de «anti-desarrollo» y «delincuente», mientras silenciaban la violencia estatal y empresarial.

En el informe se menciona que Daniel Atala decía que tenía controlado a Televicentro y La Tribuna. «En conversaciones del mismo tenor se registraron en los mensajes intercambiados entre Daniel Atala y su pareja el 16 de julio de 2013. En esa oportunidad, Daniel Atala manifestó: «Tribuna lo bloquee con Carlos flores TVC lo bloque con Rafa Villeda. En HCH salió pero controlado… le pague 10 mil pesos al periodista para que le sacara la historia super a su favor».

El núcleo de la impunidad: los Atala y el Estado cómplice

El informe señala un «núcleo duro de impunidad» que protege a los altos mandos. Los hermanos Atala –Daniel, Jacobo, Pedro y José Eduardo–, accionistas mayoritarios de DESA a través de Inversiones Las Jacarandas S.A., no son espectadores distantes. El GIEI documentó su participación en el grupo «Seguridad PHAZ», donde se coordinaba la vigilancia y seguimiento contra Berta y el COPINH.

«Integrantes de la familia Atala participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial… Se identificaron gestiones destinadas a articular intervenciones estatales —incluidos desalojos— a través de contactos de alto nivel en el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional”, señala el Informe GIEI.

La experta Roxanna Altholz fue contundente: «En fechas de planificación del crimen se identifican comunicaciones entre la estructura sicarial y empresarial específicamente de Daniel Atala y Jacobo Atala”. Tras el crimen, la geolocalización los ubica en las mismas zonas de Tegucigalpa, coordinando la contención del daño.

El Estado, por su parte, fue cómplice por acción y omisión. Tenía interceptaciones telefónicas desde enero de 2016 donde se planeaban las incursiones y se negociaba el pago a los sicarios, pero no actuó. Luego, obstaculizó la investigación con narrativas falsas, implantación de pruebas y criminalizando al COPINH.

Con claridad política heredada de su madre, Bertha Zúniga Cáceres definió el informe no como un punto final, sino como un arma para la batalla jurídica y social que viene.

Y cerró con la consigna que ha unido a la familia, al COPINH y al movimiento internacional de solidaridad: «Hoy decimos con claridad que este informe es una herramienta para la lucha. Como lo decía la compañera Berta, no es el fin de un proceso de investigación ni del enjuiciamiento de todos los responsables. Exigimos que sus recomendaciones se cumplan: verdad completa, justicia integral, garantías de no repetición”.

¿Por qué el asesinato de Berta importa más allá de Honduras?

Este caso es un paradigma global de un nuevo tipo de crimen: el asesinato corporativo-ambiental. Muestra cómo el capital internacional (bancos de desarrollo), las élites locales (familia Atala) y el aparato estatal se alían para silenciar, mediante sicariato y desinformación, a quienes defienden los bienes comunes.

El GIEI propone un Plan de Reparación Integral que incluye la disolución de DESA, la titulación del territorio lenca y la creación de un fondo de compensación. Pero la justicia real requiere lo que el Estado ha evitado: investigar y encarcelar a toda la cadena de mando, desde los que firmaron los cheques hasta los que autorizaron los pagos a periodistas y sicarios.

La verdad, ahora documentada, es contundente: mataron a Berta Cáceres para proteger una inversión. Y lo hicieron con el dinero que debía servir para el «desarrollo», la complicidad de quienes debían protegerla, y la pluma venal de quienes debían informar.

Aceituno responde a acusaciones y aclara pagos de DESA

En respuesta a la publicación, Arístides Aceituno se identificó como el propietario de SEPROC, una empresa de servicios profesionales de comunicación y monitoreo de medios. A través de un mensaje dirigido a Reportar Sin Miedo, negó categóricamente que los pagos recibidos de David Castillo, representante de la empresa DESA, fueran por «juego sucio» o una compensación ilícita.

En su descargo, sostuvo que dichos fondos correspondían a una transacción comercial legítima por los servicios de monitoreo que su empresa ofrece, y destacó que entre sus clientes figuran instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio Público, la ONU, la Unión Europea y el BID.

Aceituno expresó su desacuerdo con la forma en que fue incluido en el informe del GIEI, señalando que, a su juicio, no se realizó una investigación adecuada sobre su caso. Asimismo, cuestionó que en la publicación en redes sociales se revelara su nombre completo y no solo las iniciales «AA» que aparecen en el documento, advirtiendo que esta exposición podría ponerlo en riesgo de agresión. Finalizó su mensaje poniendo a disposición de la usuaria lo que denominó «evidencias» de la negociación de servicios y dejando en sus manos la decisión de atender su aclaración pública.

El informe completo

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) hizo entrega de su Informe Final, en un acto oficial llevado a cabo en Tegucigalpa. Con la presentación de este Informe y el cierre de su mandato, se abre un momento decisivo: el de transformar sus conclusiones y recomendaciones en acciones concretas orientadas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.