Mientras el fotógrafo sigue en rehabilitación con pronóstico reservado, su familia denuncia errores notorios en los reportes oficiales y pregunta quién protege a los responsables. El CELS publicó una cronología detallada de los hechos y la cuasa.
En un comunicado dirigido a la opinión pública y a los medios, la familia Grillo denunció que la Gendarmería Nacional omitió la hora exacta del ataque en sus reportes oficiales, un hecho que califican como un «error» insólito que no puede ser casualidad. La familia sostiene que se están ocultando comunicaciones y registros, y cuestionan abiertamente: «¿A quién están protegiendo? ¿Qué es lo que dicen esas cintas que no se puede escuchar?». A pesar del dolor, el entorno de Grillo afirma que el fotógrafo está mejorando y que se aferran a la esperanza de que el Gobierno opte por la transparencia total, confiando en que la verdad saldrá a la luz.
La misiva de la familia expresa un profundo malestar por la falta de claridad en la investigación judicial. La omisión de datos por parte de Gendarmería es vista como un intento de encubrimiento que agrava el sufrimiento familiar. En este contexto, los Grillo hacen un llamado a la solidaridad ciudadana y mantienen la convicción de que, pese a los obstáculos, el esclarecimiento de los hechos es posible. La familia concluye con una firme declaración: «El que nada teme nada oculta», en un claro desafío a las autoridades para que actúen con honestidad y permitan que la justicia siga su curso.
Por su parte, el documento publicado por el CELS ofrece una detallada cronología del caso. Recuerda que el 12 de marzo de 2025, Pablo Grillo, fotorreportero de 40 años, se encontraba cubriendo una manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional cuando recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme. El proyectil impactó en la parte frontal de su cabeza, provocándole fractura de cráneo, hematomas subdurales y pérdida de masa encefálica.
Las pericias médicas determinaron que las lesiones pusieron «real y concretamente» en peligro su vida. Grillo permaneció casi tres meses en terapia intensiva y continúa en rehabilitación con pronóstico reservado, enfrentando posibles secuelas neurológicas permanentes. La investigación judicial, que ya lleva más de un año, logró identificar al responsable material del disparo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina.
El texto del CELS también subraya que los hechos ocurrieron en el marco de la quinta movilización de jubilados en 2025, todas caracterizadas por los operativos violentos desplegados por las fuerzas de seguridad. Ese día, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía de la Ciudad desplegaron un operativo masivo que dejó más de cien detenidos y un centenar de heridos.
La represión comenzó una hora antes del inicio de la protesta, sin que se registraran actos de violencia por parte de los manifestantes. El accionar se justificó bajo el «Protocolo anti-piquetes» (resolución 943/23), cuestionado por su inconstitucionalidad y por habilitar la dispersión de manifestaciones, la criminalización de organizaciones sociales y el uso de fuerzas federales para reprimir el derecho a protestar.
La familia de Grillo se presentó como querellante con el patrocinio de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS. La investigación, a cargo de la jueza María Servini, logró establecer que Guerrero efectuó al menos seis disparos en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes, una práctica terminantemente prohibida por los protocolos nacionales e internacionales.
Las pericias balísticas y audiovisuales determinaron que el disparo que impactó a Grillo viajó a 280 km/h en trayectoria recta, descartando la versión oficial de un supuesto rebote. A pesar de las pruebas contundentes, la investigación administrativa interna de Gendarmería cerró el caso sin reproches disciplinarios en tiempo récord, responsabilizando a la víctima y construyendo una narrativa corporativa para garantizar la impunidad de sus efectivos.
En octubre de 2025, la jueza Servini procesó a Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en cinco oportunidades, imponiéndole un embargo de 203 millones de pesos y prohibición de salida del país. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento por unanimidad en diciembre, destacando que los disparos fueron deliberados y que Guerrero conocía plenamente la peligrosidad de su conducta.
En su voto, el juez Roberto Boico enfatizó que el derecho a la protesta es central para la democracia y que el Estado debe protegerlo, no reprimirlo. Actualmente, la causa se encamina a juicio oral, mientras la querella insiste en investigar a la cadena de mando, incluyendo a la entonces ministra Patricia Bullrich, y en esclarecer las irregularidades en la entrega de pruebas audiovisuales por parte de Gendarmería y la Policía Federal.
La familia de Pablo Grillo y el CELS exigen transparencia en la causa por la represión frente al Congreso
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