El rechazo al tarifazo en la provisión del servicio de gas natural provocó la primera reacción del gobierno nacional: mañana se reunirán los gobernadores de las provincias patagónicas con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su colega de Energía, Juan José Aranguren, para diseñar una salida ante los incrementos de hasta el 2000% en las boletas de gas por consumos domiciliarios y de empresas pequeñas y medianas.
El acuerdo se sumaría así a las facilidades que anunció Energía el viernes, por las cuales las pymes y organismos públicos podrán prorratear el pago de la mitad de su factura de gas, las cuales podrán abonarse en los meses de menor consumo, entre octubre y marzo, no sólo los de 2016-2017 sino también hasta 2018.
Según pudo averiguar este diario, tanto entre los gobernadores como en el gobierno nacional se baraja la posibilidad de que este último se haga cargo de los impuestos nacionales que gravan los consumos. Esos son el IVA, el impuesto a los créditos y débitos (cheque) y la aplicación de un cargo destinado a un fondo fiduciario que subsidia el consumo residencial en la Patagonia, parte de Mendoza y la Puna. Al respecto, Omar Gutiérrez, gobernador neuquino, dijo el jueves que la boleta de gas «tiene una fuerte carga impositiva». La Legislatura de esa provincia se adelantó y aprobó un proyecto de declaración que reclama al Congreso nacional una ley que determine tarifas de gas y electricidad sensiblemente más bajas para la Patagonia.
El tarifazo ya ha sido cuestionado judicialmente. El viernes, una jueza federal de Río Gallegos hizo lugar a una acción de amparo y suspendió la aplicación del tarifazo del gas en la provincia de Santa Cruz. En tanto, se esperaba que la justicia federal también hiciera lugar a un pedido similar de un fiscal de Chubut, quien señaló que el tarifazo era inconstitucional. La Intendencia de Bariloche, que dirige Gustavo Gennuso, también hizo una presentación colectiva, al tiempo que las empresas hoteleras y gastronómicas de esa ciudad y alrededores se aprestaban a realizar una presentación similar.
Entre las cooperativas y empresas recuperadas también hay iniciativas para paliar el impacto del tarifazo. «Las cooperativas tienen que afrontar el aumento desproporcionado de los servicios públicos, que según estamos relevando abarca entre un 300 y un 600%», dijo el presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Christian Miño.
