“Cagan en un balde”: cómo el Gobierno de Milei desmanteló el programa para urbanizar barrios populares

Al lado de desearle desnutrición infantil al pueblo bonaerense votante del peronismo, los comentarios sobre la supuesta falta de instalaciones sanitarias resultan casi un piropo. Pero lo cierto es que a ello apuntó una de las reacciones más difundidas entre perfiles libertarios tras la derrota del domingo: que en el Conurbano la población elige “cagar en un balde”.

Lo dijo, por caso, el economista Miguel Boggiano: “La gente de La Matanza ama cagar en un tacho”. La diputada nacional Lilia Lemoine también asoció que “votás kirchnerismo y tu calle sigue sin asfalto, no tenés cloacas ni agua”. Además de la discriminación que salta a la vista, los datos detrás de la estigmatización son falsos. Y se difunden desde un gobierno que frenó la obra pública y desmanteló programas de urbanización en barrios populares. Es decir, frenó la posibilidad de más casas y más baños.

Según el Censo 2022, en el Conurbano bonaerense el 87,4% de las viviendas particulares cuenta con “baño con inodoro con arrastre de agua”. Se trata de casi 9 de cada 10 casas, como relevó el portal Chequeado. El porcentaje implica que hay ocho provincias con menos cobertura que Buenos Aires, blanco del señalamiento libertario.

El ataque al FISU

“A nadie le gusta cagar en un balde, ni en la Provincia de Buenos Aires ni en ningún lugar del mundo. Por eso durante 8 años desarrollamos una Política de Estado para urbanizar todos los barrios del país”, expresó Fernanda Miño, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, en respuesta a los ataques del entorno presidencial.

Miño hizo referencia al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado como parte de la implementación de la Ley 27.453, sancionada en 2018. Entre 2019 y 2023 la Secretaría de Integración Socio Urbana financió más de 1.200 proyectos de integración socio urbana en más de 1000 barrios populares de Argentina, en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el informe del Centro de Cooperativas y Economía Social (CENCOES) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Pese a sus resultados, el gobierno de Milei lo atacó y buscó paralizarlo por decreto, aunque la Justicia frenó la eliminación del Fondo.

En febrero del año pasado, el Gobierno nacional decidió suspender los planes Mi Baño y Mi Pieza, destinados especialmente a mujeres en barrios populares. Nada que sorprenda bajo una gestión que denuesta la obra pública.

Obras paralizadas

“Dejaron 400 obras sin seguir. Obras tan importantes como una planta en La Matanza, en Moreno la planta depuradora de Las Catonas, para todo el Conurbano Sur el sistema que iba a llevar agua a 12 municipios, el sistema de Agua Norte, un túnel de 50 kilómetros para llevar agua a todo el oeste del conurbano. No pusieron en marcha durante dos años el sistema Riachuelo, que estaba terminado”, enumeró Malena Galmarini, senadora provincial electa y ex titular de AYSA, en diálogo con Radio Con Vos.

Agregó que en la gestión anterior se incorporaron 1.600.000 en las redes de cloacas y 1.500.000 en las redes de agua y que “probablemente muchas de esas personas no puedan hacer hoy las conexiones desde la vereda hacia sus casas porque es carísimo”.

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, que releva las condiciones de vida de los hogares de los 31 aglomerados urbanos del país, para el segundo semestre de 2017 había un 70% de hogares con acceso a cloacas. Para el segundo semestre de 2023 ese indicador llegó al 73,2%. Después llegó la política anti-obra pública.

Desde el colectivo Defendamos la Ciencia recordaron que “el gobierno de Milei no solo no hace obras: tampoco transfiere un mango para que las hagan las provincias. Además, disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento, está vaciando AySA para venderla barato y está desmantelando el Instituto Nacional del Agua”. Entre otros datos para dar cuenta del desmantelamiento en curso de las capacidades estatales de manejo del agua y desechos, señalaron que en la órbita de la Secretaría de Obras Hídricas el presupuesto en cuanto a acceso al agua potable y alcantarillado “en 2024 la inversión fue recortada más de 74%, retrocediendo 20 años. En 2025 bajó a niveles pre 2003”.

La postura del actual gobierno sobre el tema quedó reflejada en su momento por Diana Mondino, poco antes de ser designada como canciller. En una de las polémicas en las que quedó envuelta, propuso que vecinas y vecinos de barrios populares se organizaran para conseguir y financiar el acceso a cloacas. “En vez de pagar impuestos para la obra pública, se debe juntar la gente del barrio para decidir que se haga una obra”, propuso.