Cambio de nombres, no de modelo

En medio de una nueva ronda de tensión cambiaria, el reciente comentario del ministro Nicolás Dujovne despeja cualquier duda: «a pesar del cambio de nombres el programa económico del presidente Macri sigue siendo el mismo». Pasó desapercibido en la conferencia de prensa del día viernes, pero da a entender que los cambios en la cúpula del BCRA no obedecen a mala praxis. Más bien expresan los límites intrínsecos del actual modelo, que se profundiza y se rubrica formalmente mediante el acuerdo con el FMI.

En una economía como la argentina, es la restricción externa la que está en la base de la constante tensión alrededor del dólar. José Del Río (La Nación, 15 de junio) señala, por ejemplo, que «un 65% de las drogas que tienen como insumo las farmacéuticas para la producción de remedios no hablan castellano y el 90% de los celulares y LCD que dicen fabricados en Tierra del Fuego cuentan con tecnología del exterior (…). Seis de cada diez insumos que se importan no tienen un proveedor local que pueda abastecerlos. A eso se suman los combustibles con su valor liberado, entre tantos otros ejes que demuestran que el tipo de cambio afecta a todos los segmentos y no puede ser minimizado”.

Ante esta situación estructural, desde que asumió, la respuesta del gobierno ha sido la de liberar la entrada de productos del exterior, interrumpir el largo pero necesario proceso de sustitución de importaciones en la industria y eliminar la obligatoriedad de liquidar las divisas de las exportaciones, entre otras decisiones desacertadas. Y encima ahora, acuerdo con el FMI mediante, ha reforzado la estrategia de dejar flotar al dólar libremente.

Lo que está ocurriendo no es inevitable. Remite en última instancia a la disyuntiva entre Estado y mercado, algo que siempre he sostenido. Poco tiempo atrás hemos sido testigos de la importancia de administrar el valor del dólar y la utilización de las divisas –que son bienes públicos–, de tener una política activa de gestión de las importaciones, de regular los flujos de capitales. Sin embargo no son opciones bien vistas por el establishment.

Con el apoyo de los grandes medios, los grupos hegemónicos lograron instalar durante la anterior gestión el concepto de «cepo», haciendo alusión a un instrumento de tortura que no permitía acceder al dólar. Sin embargo, hoy podríamos decir que el concepto de cepo está vinculado al elevado precio de la divisa, que lo fija el mercado y que además incide directamente sobre el poder adquisitivo del salario, estableciendo una verdadera restricción al acceso de bienes y servicios esenciales para el conjunto de la población.

La letra chica del acuerdo

En línea con lo planteado en la anterior columna, el eje del acuerdo del gobierno argentino con el FMI no es más que una profundización de las medidas que ya venía implementando y respeta a rajatabla lo que pretende el organismo.

En cuanto a la actividad económica, ya se empieza a proyectar el fuerte impacto negativo de las políticas, con una estimación de crecimiento que estará entre el 0,4% y el 1,4% para este año. Este último valor implica, teniendo en cuenta el alto valor del primer trimestre, que la actividad debería caer un 1,7% entre el segundo trimestre y el último de 2018. Bajo la lógica actual, una economía en virtual recesión es esencial para contraer el consumo, la inversión y las importaciones: una manera pírrica, pero típica de los programas del FMI, de tratar de reducir el desbalance comercial.

Una de las principales herramientas para contener el gasto interno es el recorte fiscal. En el memorándum presentado en sociedad el jueves se habla, por ejemplo, de que el gobierno nacional alcanzará en 2020 el «déficit cero», en tanto las provincias deberán alcanzar un superávit primario del 0,25% del PBI hacia mediados de 2021, cuando finalizaría el stand by. Como expresa el FMI en uno de sus pasajes, estas condiciones «sirven para asegurar que el país podrá saldar el préstamo». Bien lejos de representar un auxilio para la economía real y el empleo.

En materia cambiaria y de política antiinflacionaria, los funcionarios están «completamente comprometidos con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado» y con un esquema de metas de inflación. El gobierno se compromete «a hacer lo que sea necesario para cumplirlas». Esto último significa que las altas tasas de interés y sus impactos negativos se mantendrán en el tiempo. Las autoridades consultarán al FMI qué hacer en caso de que la inflación supere las bandas máximas, toda una muestra de resignación de soberanía, que trata de condicionar a futuros gobiernos.

Un aspecto esperable que aparece en el texto es el previsional. El gobierno argentino se compromete a financiar parte del gasto previsional con la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Cabe recordar que ya en mayo de 2016, cuando se aprobó la bien conocida Ley de «Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados», se había comenzado a preparar el terreno legal para llevar a cabo esta medida. Dentro de su extenso articulado se incluyó la eliminación de la Ley 27.181, que declaraba «de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del FGS», al tiempo que se modificaron las restricciones que existían para vender estos activos.

Dos años después, y con el «aval» del FMI, se termina de plasmar esta posibilidad bajo el paraguas de hacer «financieramente sostenible y más justo» el sistema previsional. Como en otros rubros de análisis, no es la única alternativa posible. En vez de vender las participaciones, lo deseable sería apoyar la actividad económica y la generación de empleo, fundamentales para otorgarle fuentes genuinas de financiamiento a un sistema previsional público y de reparto.

La decisión de desprenderse de estos activos implica la pérdida de una importante herramienta en poder del Estado. La composición de la cartera de acciones que posee el FGS incluye a grandes conglomerados empresarios con poder de fijación de precios de bienes y servicios básicos utilizados por la mayoría de la población argentina. Una vez más, una gestión que muestra la férrea voluntad de dejar la evolución de las variables económicas en manos del mercado.

Más en general, en el memorándum se señala: «consideramos que el plan que hemos diseñado es sólido, ayudará a construir confianza y reducir incertidumbre, y fortalecerá a la economía argentina. Es importante destacar que nos comprometemos a que la carga de la recalibración necesaria de la política fiscal sea compartida equitativamente (…)». Una nueva dosis de típica posverdad neoliberal, fácilmente refutable si se considera el conjunto de medidas propuestas (baja del empleo público, de los subsidios, de los salarios, etc.). Para peor, agregan que si los resultados económicos fueran peores a los anticipados, «estamos preparados para identificar medidas adicionales que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de déficit primario para 2018 y 2019». Es decir, el ajuste fiscal se llevará a cabo, cueste lo que cueste.

Como señaló la calificadora de riesgo Fitch el lunes: el éxito del plan depende «de la ejecución de las medidas para restaurar la política de credibilidad y reducir las vulnerabilidades macroeconómicas, que se enfrentan a una considerable incertidumbre política». Queda claro que la capacidad de resistencia de los ajustados constituye una variable que no es ignorada por los mercados.