El ministro y la dirigencia fabril acordaron una mesa política para el sector. Desde la asunción de Milei, cerraron 2.122 empresas y se perdieron más de 59 mil empleos.
El funcionario y la dirigencia fabril acordaron abrir un espacio de diálogo sectorial e intercambiaron posibles medidas para alentar la actividad del sector secundario de la economía, que desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza cerró 2122 fábricas y despidió a 59.112 trabajadores.
En un posteo en la red social X, Caputo señaló: «Reunión con Martín Rappallini y la cúpula de la UIA. Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y la inversión. Quedamos en repetirla periódicamente y en trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino y hacer nuestra industria cada día más competitiva».
Además de Caputo y Martín Rappallini, presidente de la UIA, en la reunión estuvieron el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y miembros del comité ejecutivo de la entidad industrial.
Aunque la industria en todos sus niveles se manifestó, con matices, a favor de las reformas estructurales que quiere aprobar el gobierno nacional, la dirigencia debate las características de esas reformas y las prioridades entre las propuestas laborales y las tributarias.
Desde el inicio del gobierno libertario se habla de una estrecha colaboración entre la administración pública y referentes de la industria, como el ex titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que derivó la realización del decreto 70/23 y de la Ley Bases.
Las versiones de trabajo conjunto volvieron después de las elecciones legislativas de octubre pasado, tras la victoria inesperada del gobierno nacional y que propició el avance de las reformas, con la reforma laboral como punta de lanza.
La participación de Funes de Rioja es una versión que el dirigente rechazó ya en tiempos del decreto 70/23 y de la Ley Bases, pero la cara principal del Consejo de Mayo es el secretario de Trabajo, Julio Cordero, un abogado laboralista que supo ser el referente jurídico del Grupo Techint.
Lejos de ese nivel de influencia, las cámaras que representan a las pymes se dividen entre las que impugnan las reformas como resultante del lobby de las grandes industrias, las que no cuestionan las reformas pero prefieren empezar por medidas tributarias que incentiven las inversiones en el mercado interno y las que reclaman una intervención urgente del Estado a través de medidas de salvataje para frenar la caída de empresas y los despidos.
En el campo de las pymes industriales en particular, están las que alientan la salida de la reforma laboral con observaciones puntuales y las que impugnan el perfil de la nueva conducción de la UIA respecto de la política del gobierno nacional para el sector.
La reunión entre Caputo y los industriales tuvo lugar en medio de esas tensiones. La comunicación oficial de la UIA indicó que se analizaron los números (catastróficos) del sector en 2025 y que hubo elogios para la reforma laboral y la tributaria “con foco en las pymes”.
El objetivo de la iniciativa tributaria sería bajar el llamado costo argentino, un eufemismo con el que el gobierno y los empresarios de la industria se refieren a los impuestos que aplican a la industria los gobiernos locales, provinciales y municipales.
Si el gobierno logra aprobar la reforma laboral en sesiones extraordinarias, la agenda de la mesa sectorial estará centrada en la reforma tributaria con la conducción de la central fabril buscará contener a las bases que hoy siguen con mucha preocupación el devenir del sector bajo el gobierno de Javier Milei.
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