Caputo reemplazará deuda al 0,75% anual por otra que como mínimo tendrá una renta del 6,5%

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el jueves pasado que emitirá nueva deuda en dólares por la que espera pagar un interés del 6,5%. «Estamos volviendo a los mercados internacionales de deuda», anunció orondo el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro explicó que la emisión busca generar los fondos con los cuales pagar unos vencimientos de capital e intereses el 9 de enero por U$S 4200 millones en total. La nueva deuda se lanzará al mercado este miércoles.

Es decir, la emisión funcionaría como una especie de canje, por el cual se paga deuda vieja pero se emite nueva, con lo que el total de pasivos queda más o menos igual que antes. Con todo, habría un beneficio para el país: el ministro aseguró que los nuevos bonos pagarán una tasa de interés menor que la de los bonos que reemplazan, del 6,5%.

Pero en la misma entrevista con Antonio Laje, por la señal A24, Caputo dio otra explicación sobre esta emisión, en particular para quién se emiten.

Ante la pregunta del periodista sobre las causas por las que no baja el riesgo país de la zona de los 600 o 650 puntos básicos, Caputo explicó que se debía a que los inversores rechazaban los bonos creados durante el canje de deuda de 2020, efectuado por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, y que son justamente los que tienen vencimiento en enero.

«Son bonos raros», dijo Caputo en referencia a que, en lugar de pagar todo el capital al final de su vida útil más intereses semestralmente, los bonos de Guzmán tenían vencimientos de capital a lo largo de su vigencia. «Tienen características no tradicionales en los mercados», abundó el ministro.

Pero el problema de esos bonos no es la pesadilla administrativa que generan al incluir vencimientos de capital cada seis meses, sino los bajos intereses que remuneran al acreedor, al bonista. «Tienen un cupón muy bajo. En ese momento, la tasa internacional era prácticamente cero, pero hoy con la tasa internacional en el 4 por ciento, esos bonos quedaron muy poco atractivos», admitió Caputo.

Es decir, si hubiera una mayor demanda del nuevo bono no será porque respeta el esquema tradicional del mercado sino porque ofrece un rendimiento anunciado del 6,5% anual contra bonos que pagan un interés del 0,75% anual. Justamente, para compensar esa renta tan baja es que Guzmán incluyó una cláusula de pagos semestrales de capital del 8% cada uno.

Y, en realidad, los bonos de Caputo pagarán mucho más del 6,5% anual. Lo más probable es que terminen en torno del 10% ya que en sus cálculos, los asesores de finanzas del mercado prevén que el gobierno aceptará una oferta de U$S 90 dólares por cada U$S 100 nominales.

Entonces, los principales beneficiados de la operación serán los acreedores que tengan los bonos que tienen vencimientos el 9 de enero, como los Globales y el AL30. De acuerdo con información del mercado, alrededor del 80% de esos papeles están en manos de privados y el resto en el sector público (FGS de la Anses y Banco Nación entre otros).

Caputo cree que los acreedores tienen otro beneficio: la mayor demanda de los nuevos bonos elevaría su cotización. Eso tiene dos efectos posibles: si el inversor vende el bono, recibirá un pago mayor que el que hubiera cobrado por el bono viejo antes de este canje. Y si decide quedarse con el papel, su cartera general tendrá un mayor valor.

Esta operación no necesariamente bajará el riesgo país ya que es muy limitada respecto al total de las emisiones. El intento oficial de entusiasmar a los inversores busca generar un efecto cascada que expanda el interés de nuevos inversores por los papeles argentinos.

Pero enfrenta una dificultad: la falta de dólares para pagar las deudas en un escenario de escasas divisas del comercio exterior y una elevada desconfianza, de allí que el riesgo país no baje de los 650 puntos básicos.

En la Argentina, la Ley de Administración Financiera (LAF) obligaba a mejorar condiciones en canjes de deuda (como plazo, tasa o quita de capital), pero el DNU 846/2024 de Javier Milei eliminó esa exigencia, dando más discrecionalidad al Poder Ejecutivo para renegociar sin esas restricciones, lo que generó debate sobre si se necesitaban facultades legislativas para tales cambios. Ahora se pondrá en práctica.