Villanueva comenzó su alegato ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu y afirmó que los fiscales Luciani y Mola perdieron la "objetividad y actuaron con un "doble estándar" a la hora de acusar.

Villanueva comenzó su alegato ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu pasadas las 9.30 y afirmó que quedará demostrada la «inocencia» del dueño de Austral Construcciones. Luciani y Mola perdieron la «objetividad», sostuvo el letrado, que dijo que lo fiscales actuaron con un «doble estándar» a la hora de acusar y que eso «va a ser desenmascarado». En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.
Villanueva recordó que, desde que se inició el juicio, hubo 89 audiencias con más de 90 testigos. «La fiscalía ante todo eligió ignorar la prueba producida en el juicio y continuar con una acusación que durante el debate se probó falsa», agregó. «Para nosotros fue llamativa la total ausencia de cobertura de este debate en los medios masivos de comunicación, salvo por algunos pocos periodistas. Fue llamativa porque, audiencia tras audiencia, los testigos propuestos por el Ministerio Público fiscal destrozaron la acusación», expuso.
El abogado sostuvo que se construyó «un relato basado en mentiras repetidas hasta el hartazgo». «Si el objetivo de este proceso era vulnerar todas las normas básicas del debido proceso, sin ninguna duda lo lograron. Esto también es un récord infame con el que va a pasar a la historia esta causa», añadió. El defensor del empresario acusado de haber sido beneficiado con el 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz en el período investigado agregó que «lo que más» llamó la atención «es haber tenido que escuchar al final del juicio a los fiscales intentado ocultar todo esto» e «ignorando de manera deliberada las cientos de evidencias que se produjeron en este juicio».
Báez ya fue condenado a 12 años de prisión en otro juicio por supuesto lavado de dinero, un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación, y por el que cumple con arresto domiciliario. El dueño de «Austral Construcciones» enfrenta ahora un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron «prevaricato».
Báez está acusado por supuesta «asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública». Una vez que finalice la defensa de Báez, el listado seguirá con los últimos cuatro imputados cuyos alegatos falta escuchar, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.
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