Coimasgate: pidieron juicio político para el juez que censuró los audios de Karina Milei

Lo pidió Elisa Carrió y la Coalición Cívica. Acusan al juez Alejandro Marianello de mal desempeño y posible comisión de delitos. También lo acusaron por pertenecer a una asociación de juristas señalada por tráfico de influencias y por vínculos con los laboratorios del fentanilo contaminado.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello, por haber dictado una medida cautelar que permitió la censura previa sobre la difusión de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Marianello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en su cuenta de la red social X. 

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. 

Las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Carrió también publicó en X el anuncio de la denuncia en el que acusan al magistrado por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.

Foto: Télam

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”. 

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo”, indicaron en la denuncia.

Estos laboratorios están implicados en otra trama de corrupción vinculada a la producción y comercialización de lotes de fentanilo contaminado, que provocaron cerca de un centenar de muertes.

También detallaron en la presentación que el magistrado acumula cinco denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Cámara Civil y Comercial Federal por abuso moral, sexual y violencia de género, iniciadas por personal de su juzgado. 

Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, concluyeron los denunciantes.

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