El colapso sanitario no es una metáfora

En Mendoza, las camas pediátricas estuvieron al límite durante la ola de frío. En Villa Dolores, el hospital llegó a quedarse sin lugares de internación ante el crecimiento de las infecciones respiratorias. En Neuquén, la crisis del Hospital Bouquet Roldán derivó en la renuncia de sus autoridades y de jefes de servicio. En Quilmes, el director de una clínica hizo pública una carta desesperada que tituló “No quiero ser Favaloro”. No son episodios aislados ni problemas desconectados entre sí. Son postales de un sistema sanitario que está llegando a un punto crítico.

La influenza y las enfermedades respiratorias actuaron como un disparador, pero no son la causa profunda de esta crisis. Todos los inviernos aumentan las consultas y las internaciones. Un sistema de salud debe prepararse para responder a esa demanda previsible. Lo que convirtió un fenómeno estacional en un escenario de colapso fue la combinación de hospitales previamente debilitados, equipos incompletos, salarios deteriorados, guardias sobrecargadas, prestadores asfixiados y un Estado nacional que recortó programas, recursos y capacidad de coordinación.

El colapso no comienza cuando se ocupa la última cama. Empieza mucho antes: cuando una persona espera meses para conseguir un turno; cuando una guardia trabaja sin el plantel necesario; cuando un profesional formado abandona el sistema público porque su salario no le permite vivir; cuando faltan medicamentos o insumos; cuando se suspende una prestación; cuando una enfermedad que podía prevenirse se diagnostica tarde. La falta de camas es apenas la expresión visible de un proceso de deterioro que lleva tiempo y que hoy se acelera.

Desde Fesprosa venimos advirtiendo que el sistema público absorbió gran parte de la demanda que dejaron de resolver obras sociales y prepagas. Cada vez más personas vuelven al hospital porque perdieron cobertura, porque no pueden pagar copagos o porque las prestaciones se demoran. Pero mientras crece la demanda, los recursos no acompañan. Por el contrario, el Gobierno nacional redujo las transferencias para sostener funciones sanitarias de las provincias y no restituyó los 70 mil millones de pesos recortados mediante la Decisión Administrativa 20/26. El ajuste se descarga así sobre las jurisdicciones, sobre los hospitales y, finalmente, sobre los trabajadores y los pacientes.

La salud argentina es federal, pero el federalismo no puede ser utilizado como sinónimo de abandono. La Nación tiene responsabilidades indelegables: coordinar políticas, garantizar programas estratégicos, sostener la vigilancia epidemiológica, distribuir medicamentos y vacunas, asistir a las provincias y conducir las respuestas frente a una emergencia. Cuando el Ministerio de Salud se retira o llega tarde, no desaparece el problema. Se traslada hacia abajo, a sistemas provinciales y municipales que ya funcionan con enormes desigualdades y recursos insuficientes. El propio COFESA fue creado como ámbito de coordinación entre la Nación y las autoridades sanitarias de las provincias.

Por eso reclamamos la convocatoria urgente del Consejo Federal de Salud y la conformación de un comité operativo de emergencia con participación de las y los trabajadores. No se trata de realizar una reunión formal ni de producir otra fotografía institucional. Se necesita una mesa federal que releve camas, recursos humanos, insumos y medicamentos; que defina prioridades; que garantice transferencias extraordinarias; y que construya una respuesta coordinada frente al aumento de la demanda. Las decisiones deben tomarse con quienes conocen cotidianamente los hospitales, las guardias, los centros de salud y los territorios.

La crisis tampoco se limita al sector público. La carta del director de la Clínica Belgrano de Quilmes expuso el agotamiento de prestadores que denuncian atrasos en los pagos, aranceles sin actualizar y costos imposibles de afrontar. Cuando una clínica cierra, reduce servicios o deja de recibir determinadas coberturas, esa demanda no desaparece: termina en el hospital público. Lo mismo ocurre con la crisis del PAMI y con las dificultades que enfrentan sus prestadores. El sistema está fragmentado, pero el deterioro de una de sus partes presiona inmediatamente sobre todas las demás.

A ese cuadro se suma una situación especialmente grave: la interrupción o demora de prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La denuncia presentada contra el ministro Mario Lugones por el presunto incumplimiento de una sentencia que ordenaba regularizar pagos y prestaciones muestra que ya no estamos discutiendo solo problemas administrativos. Estamos hablando de tratamientos, acompañamientos y derechos que no pueden quedar sometidos a la lógica de la motosierra ni a la indiferencia burocrática.

El deterioro también se expresa en los indicadores epidemiológicos. Durante 2025 se notificaron 17.283 casos de tuberculosis en la Argentina y, hasta la semana epidemiológica 22 de este año, ya se habían registrado 6.482. La tuberculosis es prevenible, diagnosticable y tratable. Su crecimiento obliga a fortalecer la detección temprana, garantizar tratamientos completos y sostener un trabajo territorial cercano. Pero ninguna de esas tareas puede hacerse sin atención primaria, equipos comunitarios, medicamentos y políticas públicas continuas.

También debemos mirar con extrema responsabilidad el aumento de los suicidios. En Chaco, los casos pasaron de 111 en 2024 a 143 en 2025, un incremento cercano al 28%. A nivel nacional, se registraron 5.209 muertes por suicidio durante 2025. No existe una explicación única ni una relación mecánica entre una decisión económica y cada muerte. Pero sería igualmente irresponsable separar estos datos de una sociedad atravesada por el desempleo, el endeudamiento, la precarización, la pérdida de horizontes y el debilitamiento de las redes de cuidado. La salud mental también forma parte del colapso sanitario, como desarrollamos en una nota anterior.

Detrás de cada una de estas crisis están las y los trabajadores. Son quienes multiplican horas, cubren vacantes, sostienen guardias y responden ante el dolor de la población. Pero la vocación no reemplaza al salario, el compromiso no compra insumos y el heroísmo no puede ser una política de Estado. La pérdida de profesionales ya se observa en todas las provincias. Los equipos se desarman porque los ingresos quedan por debajo del costo de vida, se acumula el pluriempleo y las condiciones laborales se vuelven cada vez más hostiles. Sin trabajadores no hay sistema de salud posible.

El Gobierno presenta el ajuste como una cuestión técnica, casi contable. Sin embargo, en salud cada recorte tiene una traducción concreta: una vacuna que no llega, un medicamento que falta, una guardia sin cubrir, una ambulancia detenida, una prestación suspendida o una cama que no puede habilitarse. No existe el ahorro sanitario sin consecuencias. Lo que se deja de invertir hoy reaparece mañana como enfermedad más grave, mayor demanda, discapacidad evitable y pérdida de vidas.

Todavía es posible evitar que el deterioro se convierta en una catástrofe mayor. Para eso se necesita restituir de inmediato los fondos recortados, reforzar las partidas sanitarias, recomponer salarios, cubrir vacantes, garantizar medicamentos y vacunas, sostener a los prestadores y recuperar la capacidad rectora del Ministerio de Salud. También hace falta abandonar la idea de que cada provincia, cada hospital, cada clínica o cada familia debe arreglarse como pueda.

La salud no es un gasto que pueda postergarse hasta que cierren las cuentas. Es una responsabilidad pública y una condición para que una sociedad pueda vivir con dignidad. Las escenas que hoy aparecen en Mendoza, Neuquén, Quilmes, Chaco y tantos otros lugares no son advertencias sobre un futuro lejano. El colapso sanitario ya está ocurriendo. Negarlo no lo vuelve menos real. Solo nos hace llegar más tarde a una emergencia que exige decisiones ahora.