La Argentina atraviesa una emergencia silenciosa, pero cada vez menos invisible. El crecimiento de los suicidios, el aumento de las consultas por angustia, ansiedad, consumos problemáticos y autolesiones, la saturación de guardias y hospitales, y la precarización de quienes sostienen todos los días el sistema público de salud mental no son hechos aislados. Son síntomas de una crisis social profunda. Y también son el resultado de decisiones políticas.
Durante años se intentó instalar que el sufrimiento psíquico era un problema individual, privado, casi doméstico. Como si la angustia, la desesperación o el padecimiento subjetivo pudieran pensarse por fuera de las condiciones de vida. Como si la falta de trabajo, el pluriempleo, el endeudamiento, el aislamiento, la violencia, la pérdida de lazos comunitarios, el hambre o la imposibilidad de proyectar un futuro no dejaran marcas concretas en la salud de nuestro pueblo.
El modelo actual profundiza esa lógica hasta el extremo. Nos propone una sociedad organizada alrededor del “sálvese quien pueda”, de la competencia permanente, de la meritocracia como única explicación del éxito o del fracaso. Si alguien no puede, si alguien se cae, si alguien no llega, el mensaje dominante parece ser que la responsabilidad es exclusivamente suya. Ese mandato es brutal. Y cuando se combina con el ajuste, la precarización y el retiro del Estado, se vuelve directamente insoportable.
Un modelo en contra de la salud pública
Estamos frente a un modelo social, económico y político que vuelve insoportables las exigencias, debilita los vínculos y deja a las personas cada vez más solas. El aislamiento no es solo una experiencia subjetiva: es una forma de organización social. Familias atravesadas por el pluriempleo, jóvenes encerrados en pantallas, infancias con menos juego, mujeres sobrecargadas por tareas laborales y de cuidado, adultos mayores abandonados, trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes. Esa trama rota también enferma.
Por eso, cuando se discute salud mental, no alcanza con hablar de camas, guardias o internaciones. Mucho menos alcanza con retroceder hacia respuestas manicomializantes que ya demostraron su fracaso histórico. La Ley Nacional de Salud Mental no fracasó por exceso de derechos. Fracasó, en todo caso, porque nunca se la financió ni se la implementó plenamente. La ley propuso un paradigma basado en derechos humanos, autonomía, abordajes comunitarios, equipos interdisciplinarios, atención en hospitales generales y dispositivos alternativos a la internación. Lo que faltó fue decisión política y presupuesto para hacerla realidad.
Hoy el gobierno nacional pretende discutir reformas mientras desfinancia los instrumentos mínimos para cualquier política seria. Los datos disponibles son alarmantes: la inversión proyectada en salud mental está lejísimos del piso legal del 10% del presupuesto sanitario. En 2025, se destinó a salud mental apenas el 1,68% del presupuesto total de salud. Para este año la cosa no mejoró: tiene asignado el 1,65%. Peor aún, las partidas orientadas a promoción, apoyo, dispositivos comunitarios y desinstitucionalización aparecen reducidas a una expresión casi testimonial. Es decir: se habla de crisis, pero se recortan las herramientas para prevenirla y abordarla.
No hay política de salud mental sin trabajadores y trabajadoras. No hay prevención posible con equipos desarmados, profesionales precarizados, salarios de pobreza, guardias saturadas y dispositivos territoriales vaciados. No hay abordaje integral si se fragmenta al equipo de salud y se vuelve a colocar a una sola disciplina como centro excluyente de la respuesta. La salud mental se construye con psicólogas, psiquiatras, trabajadoras sociales, terapistas ocupacionales, enfermeras, acompañantes terapéuticos, promotores comunitarios, docentes, organizaciones sociales, familias y redes territoriales. Se construye con comunidad, no con abandono.
El aumento de los suicidios debe ser tratado con extrema responsabilidad. No se trata de buscar explicaciones lineales ni de reducir un fenómeno complejo a una única causa. Pero tampoco podemos aceptar que la complejidad se use como excusa para no nombrar lo evidente. Cuando el Estado se retira, cuando el sistema público se debilita, cuando se destruyen redes de cuidado, cuando los trabajadores de la salud están mal pagos y sobre exigidos, cuando se naturaliza que millones vivan endeudados, solos y sin horizonte, las consecuencias aparecen en los cuerpos y en las subjetividades.
El sufrimiento social no se resuelve con discursos de autoayuda ni con más castigo. Se enfrenta con políticas públicas. Con presupuesto. Con equipos interdisciplinarios. Con salud pública fuerte. Con prevención comunitaria. Con escuelas, clubes, centros de día, dispositivos de cercanía, hospitales generales preparados y redes que puedan llegar antes de la urgencia. Con trabajo digno, salarios dignos y condiciones de vida que no empujen a la desesperación.
Desde Fesprosa defendemos la salud mental como parte inseparable del derecho a la salud. Y defendemos la Ley Nacional de Salud Mental frente a cualquier intento de convertir la crisis actual en una coartada para retroceder. Lo que necesitamos no es menos derechos: necesitamos que esos derechos se cumplan. No necesitamos más encierro: necesitamos más comunidad. No necesitamos más ajuste: necesitamos más Estado.
La pregunta de fondo es qué sociedad queremos construir. Una sociedad que abandona a quien sufre, que culpa al individuo por no poder adaptarse a condiciones cada vez más crueles, o una sociedad que entiende que cuidar la salud mental es cuidar la vida colectiva. La salud mental no puede seguir siendo el lugar donde se descargan todas las violencias de un modelo económico injusto. Tampoco puede seguir siendo la primera en ser postergada cuando se define el presupuesto.
Hablar de salud mental es hablar de la vida cotidiana de nuestro pueblo. De las familias que no llegan. De las juventudes sin futuro. De las trabajadoras sobrecargadas. De los hospitales desbordados. De los profesionales que sostienen lo que el Estado abandona. De las comunidades que todavía resisten.
¿Cómo pedir ayuda?
Si vos o alguien cercano atraviesa una situación de crisis, es importante pedir ayuda. En emergencias, llamar al 911 o acudir a la guardia más cercana. También funciona el Centro de Asistencia al Suicida: línea 135 desde CABA y Gran Buenos Aires, o 011 5275-1135 desde todo el país.
Frente a una crisis de esta magnitud, la respuesta no puede ser el silencio ni el retroceso. Debe ser una decisión política clara: financiar la Ley Nacional de Salud Mental, fortalecer el sistema público, recomponer los salarios, terminar con la precarización y reconstruir las redes comunitarias de cuidado.
Porque cuando se rompe la trama que sostiene la vida, la salud pública tiene la obligación de volver a tejerla.
