Las medidas oficializadas por el Gobierno incluyen ajustes en impuestos y componentes tarifarios, con la excusa repetida de "recomponer las cuentas fiscales y actualizar valores tras postergaciones anteriores".

El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial, estableció un incremento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que se aplicará en dos etapas. A partir del 1° de septiembre, la nafta sin plomo, la nafta virgen y la de más de 92 RON verán un aumento de $10,523 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y $0,645 en el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).
Para el gasoil, el ICL subirá $8,577, con un adicional de $4,644 por tratamiento diferencial en ciertas áreas, y el IDC aumentará $0,978. Estos ajustes corresponden a actualizaciones trimestrales previstas por la Ley 23.966, basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que habían sido diferidas mediante decretos anteriores.
La segunda fase, a partir del 1° de octubre, aplicará el incremento total acumulado de las actualizaciones pendientes de 2024 y los primeros dos trimestres de 2025, lo que completará el ajuste pleno previsto por la normativa. El Gobierno argumenta que esta medida busca fortalecer las cuentas fiscales y mantener un sendero fiscal sustentable, aunque se anticipa un impacto significativo en los precios finales de los combustibles.
En el sector gasífero, la Secretaría de Energía fijó, mediante la Resolución 357/2025, una baja del 5,49% en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para septiembre, respecto a los valores de julio. Sin embargo, esta reducción mayorista se verá contrarrestada por otros componentes. El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 1253/2025, aumentó la alícuota del impuesto que financia los subsidios a zonas frías, llevándola del 6,6% al 6,8%, lo que incrementará el recargo para los usuarios no beneficiados.
Adicionalmente, se espera un aumento en los tramos de transporte y distribución, calculado mediante una fórmula que combina en un 50% la inflación mayorista (IPIM) y en un 50% la minorista (IPC). Considerando que en julio el IPIM fue del 2,8% y el IPC del 1,9%, este ajuste rondaría el 2,35%. La factura final resultará de la combinación de estos movimientos, con un impacto variable según la región y el tipo de usuario.
Para el servicio eléctrico, la Secretaría de Energía estableció un aumento del 0,5% en la remuneración para la generación no contractualizada en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), conforme a la Resolución 356/2025. A este ajuste en generación se sumarán las subas en los tramos de transporte y distribución, que se determinan por una fórmula basada en un 67% de la inflación mayorista (IPIM) y un 33% de la minorista (IPC). Con los índices de julio, este cálculo resultaría en un incremento aproximado del 2,5% para estos segmentos.
Estos ajustes se enmarcan en la política de reducir progresivamente los subsidios y acercar las tarifas a los costos reales, aunque el Estado mantiene ayudas significativas: entre el 24% y 76% de los hogares aún recibe subsidios para pagar la electricidad, especialmente durante el invierno, cuando los costos del gas impactan en la generación eléctrica. El impacto final en las facturas dependerá de las resoluciones que oficialicen los entes reguladores en los próximos días.
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