Denunciarán las consecuencias de la reforma constitucional inconsulta sucedida en Jujuy durante 2023, que desencadenó un gran estallido social y graves hechos de represión policial. Asimismo, reclamarán por la profundización de las violaciones a los derechos indígenas que llevó a cabo el Gobierno nacional con el DNU70/23 y la Ley Bases.
Néstor Jerez, dirigente del pueblo indígena Ocloya e integrante del Tercer Malón de la Paz, y Beatriz Gutiérrez, dirigente Kolla de la zona de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayo expondrán en el panel sobre las recientes políticas discriminatorias y la represión violenta llevadas a cabo por el gobierno provincial contra las comunidades indígenas durante el jujeñazo ocurrido en 2023.
“Con la reforma de la Constitución de Jujuy, DNU 070, ley bases, RIGI y convenio con empresa Mekorot, se profundizará la violencia institucional, la violación de derechos humanos y Tratados Internacionales”, advirtió Jerez a Tiempo, desde Ginebra, minutos antes de exponer en la ONU.
En un documento difundido por ILRC se denunció que las reformas a la Constitución provincial de Jujuy “se han llevado a cabo sin respetar el principio jurídico bien establecido del Consentimiento Libre, Previo e Informado establecido en el Convenio 169 de la OIT, y ratificado por Argentina en 1992”. Esta omisión, aseguran los expertos, viola directamente los artículos 3, 4, 19 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Cabe resaltar que dicha reforma constitucional se enmarca en la política nacional de promoción de la explotación del litio que, desde la aprobación de la Ley Bases, tiene su vía libre a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Uno de los casos que serán expuestos en la ONU es el de la comunidad indígena El Angosto (Jujuy) donde casi el 80% de una mina de litio se superpone a las tierras legalmente reconocidas de la comunidad Kolla. “Esta superposición fue confirmada por un informe de la Universidad de Buenos Aires, que utilizó datos oficiales del gobierno para verificar la ubicación de la mina en relación con los territorios indígenas”, aseveró el documento. No existió ningún tipo de consulta a los pueblos antes de autorizar la mina.
Es de destacar que tanto la comunidad El Angosto junto a otras 30 comunidades de la zona de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya habían desarrollado su propio protocolo de consulta en 2014 para asegurar que sus derechos fueran respetados en situaciones que involucraran explotación de recursos. No obstante, ni el gobierno provincial ni las compañías mineras siguieron estos protocolos. Por el contrario, otorgaron tierras indígenas a las compañías mineras sin el consentimiento de la comunidad. “Esta omisión constituye una violación directa de los derechos de los pueblos indígenas”, explicaron desde ILRC. El respeto al consentimiento previo, según consta en el documento, no es solo una obligación legal, sino una herramienta vital para garantizar la justicia y la libre determinación de los pueblos indígenas contra la explotación de los recursos.
“En Argentina, el derecho a los recursos naturales es reivindicado por el Estado, aunque los proyectos están regulados específicamente a nivel provincial”, apuntó.
En la actualidad existen 17 proyectos mineros en funcionamiento en Santa Cruz, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, y tres plantas de litio en funcionamiento (dos en Jujuy y una en Catamarca).
La provincia de Jujuy concentra el 43% del litio extraído en Argentina y es la tercera provincia con mayor población indígena. En ese territorio coexisten 11 pueblos indígenas en, al menos, 400 comunidades. De éstas, 274 tienen personería jurídica, y otras 50 comunidades aún están en proceso de legalización. Las zonas de explotación de litio en Jujuy se superponen con territorios indígenas, irrespetando sus derechos e intensificando el conflicto en la región.
Comenzó este jueves el juicio oral por usurpación del Lof Lafken Winkul Mapu en Bariloche (Río Negro). La Justicia definió que se llevará a cabo en un cuartel de Gendarmería y que no dejará participar a la prensa ni al público. Según trascendió en las últimas horas, la machi Betiana Colhuan, imputada en la causa, fue sobreseída a pesar de la oposición de la Administración de Parques Nacionales. La fiscalía definió retirar los cargos contra la joven mapuche debido a que, al momento de los hechos, era menor de edad (tenía 16 años).
Cabe recordar que esta comunidad mapuche sufrió en octubre de 2022 un violento desalojo de las tierras que recuperaba como ancestrales en Villa Mascardi desde hacía 5 años. Entre la querella se encuentra la Administración de Parques Nacionales, que asegura que se trata de propiedad del Estado. En ese operativo habían sido detenidas siete mujeres, y cuatro de ellas –junto a sus hijos- permanecieron detenidas durante 8 meses por un delito excarcelable. Si bien se arribó a un acuerdo en el mes de junio de 2023, la Cámara Federal de Casación resolvió su anulación a fines de agosto pasado y ordenó la detención preventiva de dos de ellas, hecho que fue denunciado ya que no estaban prófugas. El juicio se extenderá hasta el 30 de septiembre.
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